|3 AÑOS DE ARIAS| Ordenanza 046 provocó una “ruptura” entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal, opina concejala Maric

Brújula Digital|03|05|24|

La concejala Yelka Maric (Por el Bien Común Somos Pueblo) considera que la ruptura entre el Legislativo y el Ejecutivo municipal ocurrió con la ordenanza 046 de construcciones irrestrictas, promulgada por el Concejo Municipal el miércoles 7 de diciembre de 2022.

En ese entonces Maric era presidenta del Concejo y rechazó la norma; sin embargo, la promulgación fue firmada por los concejales Javier Escalier y Pierre Chain (MAS) con el apoyo de cuatro concejales de la bancada mayoritaria, Óscar Sogliano, Lucía Mamani, Lourdes Chambilla y Lucio Quispe.

Mamani fue quien presentó el proyecto de ordenanza el 9 de septiembre de ese año.

“La ruptura entre el Legislativo y el Ejecutivo yo la pondría en la aprobación con dispensación de trámites de la ordenanza 046 de construcciones irrestrictas”, afirma Maric al hacer un análisis de la gestión del alcalde Iván Arias, que hoy cumple tres años.

La ordenanza, que posteriormente fue abrogada, tenía como objetivo que empresas constructoras puedan construir edificios de hasta 40 pisos en 10 sectores de la ciudad.

“Esa ordenanza definitivamente ha quebrado y ha generado mucho malestar, tanto interno como externo. Ha sido una clara evidencia de que hay intereses económicos personales en el grupo. Gracias a las voces de muchos paceños esa normativa ha sido abrogada”, añadió Maric.

La norma fue criticada por diversos sectores, quienes argumentaban que favorecía al negocio de la construcción ilegal.

El presidente del Concejo Municipal, Lucio Quispe, reconoce que la ordenanza 046 “ha sido fregada”.

“O sea, de alguna manera, regularizar construcciones que estaban en riesgo (…), eso también amerita una responsabilidad grande, porque tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que vamos a aprobar y en qué es lo que no vamos a aprobar. En ese sentido, yo estoy más que seguro de que cada concejal está viendo ese interés, muy al margen que nos pongamos la mayoría o no”.

Si bien la norma fue abrogada, Maric lamenta que posteriormente el alcalde Arias presentó el decreto municipal 034 (diciembre de 2023), el cual establecía multas para las construcciones irregulares.

Es un decreto “irregular y vergonzoso”, ya que, afirma la concejala, tiene los “mismos propósitos que la norma (046) que permitía la regularización de edificios comerciales ilegales”.

El diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, fue uno de los detractores del decreto. “Esta norma incrementa alturas de las edificaciones y elimina los retiros mínimos, asimismo, intenta legalizar una gran cantidad de edificios ilegalmente construidos que beneficiaría a determinadas empresas constructoras”, sostuvo en una entrevista en diciembre de 2023.

A criterio de la concejala del MAS Roxana Pérez del Castillo la gestión del alcalde Arias se “caracteriza por promover, por impulsar las construcciones ilegales”.

Advierte que al dar pie a la ilegalidad y a los asentamientos, se promueve también la deforestación de las áreas verdes, lo que está vinculado con “la profundización de los riesgos, no solamente porque no han priorizado los recursos, no han invertido en obras estructurantes, en la estabilización de los taludes, sino porque a su vez han emitido normas en diferentes momentos de la gestión edil para regularizar las construcciones ilegales”.

Ley de Fiscalización

Maric añade que luego de la abrogación de la 046 se generó una serie de rencores que tuvo como consecuencia que el Concejo Municipal aprobara, en 2022, la Ley de Fiscalización 499 que incorporó tres nuevos instrumentos de fiscalización al Ejecutivo: solicitud de informe oral al alcalde, conformación de comisiones de investigación y la emisión de un voto de censura a las autoridades o funcionarios municipales que incumplan con sus obligaciones.

La ley incluyó la interpelación como un mecanismo para que los concejales obtengan información veraz de autoridades y servidores públicos. Esta se realizará a través de un Pliego Interpelatorio convocado por los legisladores y tratado en el pleno del Concejo.

Se establece que si el informe es rechazado por mayoría simple se emite un voto de censura, lo que implica la destitución inmediata del funcionario. Si la autoridad censurada es designada nuevamente en el mismo cargo, el Concejo denunciará el hecho a instancias judiciales.

“Ese mamarracho de ley atropella al órgano Ejecutivo, no respeta la separación de órganos, destituye a funcionarios ediles por simple voluntad política, mezcla y confunde las atribuciones de la Contraloría General del Estado, convierte a las minutas de comunicación en obligatorias cuando en esencia y por naturaleza jurídica en todas partes del mundo son recomendaciones”, critica Maric.

En 2023, el Concejo censuró a ocho autoridades, pero el Alcalde no acató la disposición de retirarlas. En febrero de 2024, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó a Arias cumplir con la ley y él tuvo que destituir a cinco personeros (dos secretarios y tres subalcaldes), pero minutos después los volvió a posesionar. Las otras tres autoridades que fueron censuradas en 2023 ya no trabajaban en el Ejecutivo.

En aquel entonces Arias indicó que la determinación judicial le ordenó a cumplir con una norma que no existe y que “nunca nació en la vida jurídica”.

Aseguró que la ley buscaba “amarrarle las manos”.  “No es que no queramos fiscalización y no es que no queramos control, por supuesto todo es abierto en la Alcaldía, nosotros damos información, los concejales piden información se les da, porque además todo es información pública, no hay nada que ocultar, no hay nada que estemos tramando”.

El Presidente del Concejo indica que Arias no reconoce la norma de fiscalización.

“Siempre nos hemos ido carteando con el Ejecutivo porque hasta el momento no reconoce la ley pese a que hay una resolución judicial donde indica que sigue vigente la ley, mientras obviamente han presentado un amparo anticonstitucional para que esta ley no sea reconocida pero está en proceso”.

La concejala Pérez del Castillo considera que la gestión del Alcalde no ha realizado “una planificación seria que permita abordar la fiscalización y el control y la gestión del territorio”.

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