A dos años del rapto de la bebé Daylin, la Fiscalía convoca al abogado como testigo.

Brújula Digital |22|12|23|

Pasaron dos años desde el rapto de la bebé Daylin y poco o nada se sabe sobre su paradero, el abogado Abel Loma, informó que la Fiscalía lo citó como testigo en el proceso, dado que es el único que continúa con las pesquisas.

El jurista explicó a radio Unión que como representante de los padres de Daylin solicitó información, a través de medios virtuales, a la Fiscalía de Cuzco-Perú para acceder a datos de la trata de menores, aunque le negaron la petición, con el argumento de que esos trámites se hacen entre pares (fiscalía), aclararon que le harán conocer si surge alguna novedad sobre el caso que sigue.

Sin embargo, dijo que la fiscal que lleva el caso de Naylin solo trabaja para evitar una responsabilidad, debido a que el fiscal departamental, Williams Alave, dispuso que si no se veía movimiento en un mes, iba a establecer responsabilidades, por ello lo convocó como testigo.

“Para evitar responsabilidades los fiscales hacen o elaboran cualquier tipo de requerimiento para justificarse, llegando al extremo de que me convocan como testigo, dentro del proceso, para dar información, es decir, la Fiscalía corrobora que no está trabajando, no sigue los canales respectivos para tomar contacto con la Fiscalía de Perú, como nosotros, ante la demora  de la investigación, hemos solicitado información sobre la trata y tráfico, esa es la información que quieren que entregue”, declaró a principios de diciembre el abogado a radio Unión.

En septiembre de este año, autoridades de Perú descubrieron una red dedicada al tráfico de bebés recién nacidos en la ciudad de Cusco, al parecer los menores eran vendidos en el extranjero, principalmente a países de Europa.

Anoticiados del hecho, los padres de Daylin, Wilfredo Cunurana y Gregoria Bautista, solicitaron a su abogado realizar un seguimiento al caso, con la esperanza de que su hija hubiera sido raptada por esa organización, por ello que el jurista realizó los trámites con la Fiscalía de Cuzco para acceder a datos de las bebés encontradas en el operativo, pero lamentó que el Ministerio Público no cumpla con su trabajo.

El 23 de diciembre de 2021, la bebé Daylin, de apenas tres meses, fue arrancada del seno de su madre, con engaños de una mujer que se hizo llamar Camila. Las indagaciones de la Policía establecieron que la mujer tenía ese modusoperandi, después que grabaciones de cámaras de vigilancia muestran a la raptora buscando a mujeres de bajos recursos económicos y con hijos, a quienes regalaba juguetes, que sacaba de bolsas negras, para cometer el delito.

Ese jueves 23 de diciembre la mujer fue ubicada en la calle Figueroa, ingresó al Mercado Lanza, de ahí se la ubica en la calle Potosí y subió a la calle Socabaya para llegar a plaza Murillo donde regala juguetes a personas pobres y se va por la calle Comercio, a la altura del reloj encuentra a Gregoria, quien cargaba a su hija de tres meses y a dos de sus sobrinos pequeños, la acompaña caminando hasta la terminal de buses, de ahí caminan hasta la avenida Buenos Aires.  

A la altura de la calle Chorolque y a insistencia de uno de sus sobrinos para ir al baño, Gregoria ingresa a un mingitorio público, ese el momento que esperaba la raptora y aprovecha para tomar a la bebé y huir. Desde ese momento nada se sabe de Naylin.

Desde la desaparición de Naylin sus padres, oriundos del municipio cochabambino de Bolívar y dedicados a la agricultura, pidieron a las autoridades ayuda para encontrar a su hija y su madre no regresó a su comunidad, con la esperanza de recuperar a su bebé que ya cumplió dos años.

Juristas y entendidos en el tema criticaron la manera en que la Policía y el Ministerio Público encararon las investigaciones, por ello es que a la fecha no existe un avance, pese a que se detuvo a una persona, que fue liberada por no tener evidencias contra ella; o por la supuesta recompensa que ofreció al Ministerio de Gobierno para quien de datos certeros sobre la bebé.

Según el informe sobre trata y tráfico de personas, presentado en julio de 20022, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Bolivia no cumple los estándares mínimos para eliminar este flajelo, pese “a los esfuerzos significativos”, indica el reporte.

Datos de la unidad que atiende casos de trata y tráfico de personas del Ministerio Público dan cuenta que por año atienden un promedio de 3.000 denuncias, la mayoría se queda en etapa preliminar y menos de 10 casos tienen sentencia.

BD/WPS