Manifiesto de la UMSA emplaza al Gobierno a preservar las áreas protegidas

Brújula Digital |8|11|23|

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) rechazó las movilizaciones de los mineros cooperativistas y emplazó al Gobierno nacional a hacer cumplir la Constitución Política del Estado (CPE) en relación a la preservación de áreas protegidas y el derecho de los bolivianos a un ambiente sano. Además, exigió evitar tratos privilegiados para cualquier sector.

“El Rectorado de la UMSA se declara en favor de la vida y la defensa intransigente de la Madre Tierra y emplaza al Gobierno a hacer cumplir los artículos 385, 386, 390, 392 de la Constitución Política del Estado porque las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural de los bolivianos, que tienen derecho a un medio ambiente sano”, señala el manifiesto.

El artículo 385 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que: “Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable.

El 386 indica que los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. El Estado promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, la generación de valor agregado a sus productos, la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas.

En tanto que el 390 describe que la cuenca amazónica boliviana constituye un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país por su elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad existente, recursos hídricos y por las ecoregiones.

El artículo 392 reconoce el valor histórico cultural y económico de la siringa y del castaño, símbolos de la amazonia boliviana, cuya tala será penalizada, salvo en los casos de interés público regulados por la ley.

En ese contexto el documento recuerda que la contaminación por mercurio usada en la explotación de oro en los ríos de la Amazonía boliviana es hasta en siete veces el límite permitido de toxicidad, lo que afecta de manera determinante en el hábitat y formas de vida de pueblos indígenas del norte de La Paz, según un estudio de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), cuyas muestras fueron analizadas por los laboratorios de la UMSA.

“Una minería que genera impuestos exiguos no va en relación con el daño irreversible que causa: la depredación y contaminación del medio ambiente con la afectación irreversible de nuestra biodiversidad (…) una minería que con el mercurio y otros químicos contamina nuestros ríos y bosques”, resalta el Rectorado.

El documento agrega que el Estado Plurinacional debe garantizar que todos los bolivianos somos iguales ante la ley. “En consecuencia exigimos evitar tratos privilegiados para cualquier sector o grupo social”. El pronunciamiento surge a raíz de las movilizaciones de mineros cooperativistas, de este lunes y martes, en demanda de la anulación de la Resolución 6/2023 de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que suspende la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas, entre otras peticiones.

PB/WPS