Periodistas destacan que fiscal diera marcha atrás en su intento de obligar a un periodista a revelar la fuente

Brújula Digital |05|09|23|

El fiscal Freddy Durán, de la localidad de Puerto Quijarro, dio marcha atrás en su intento de obligar a los periodistas del medio “Entre Comillas” a revelar su fuente de información. Este controvertido requerimiento y citación a la Fiscalía se realizó en el contexto de un caso de agresión denunciado por personas de la tercera edad contra supuestas representantes cívicas, expresó este martes un comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).

El intento de violación a la reserva de fuente generó una fuerte respuesta por parte de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, representada legalmente por los abogados Raquel Guerrero y Roberto Méndez, que también es periodista.

Estos profesionales defendieron enérgicamente a los periodistas de “Entre Comillas”, argumentando la aplicación estricta del Artículo 8 de la Ley de Imprenta. Este artículo establece que “el secreto de la fuente es inviolable”, una protección que también respalda la Constitución Política del Estado y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En respuesta al reclamo y la presión legal, el fiscal Freddy Durán enmendó su error y emitió una nueva resolución en la que “reconduce requerimiento fiscal”. En su comunicado, sustentó que “el secreto de fuente está protegido de manera directa por la Ley de Imprenta, la Constitución Política del Estado y las convenciones internacionales, ya que representan la esencia de la libertad de información, un derecho sin el cual se pondría en riesgo la libertad de la sociedad”. 

En consecuencia, el requerimiento original, emitido el 18 de agosto de 2023, quedó sin efecto, recuerda la ANPB.

Lidia Surubí Salvatierra, periodista de “Entre Comillas” que fue intimidada por el requerimiento fiscal, elogió la decisión del fiscal Durán de rectificar su intento previo de vulnerar el secreto de fuente. Enfatizó que esta victoria legal es una demostración del valor de la Ley de Imprenta y del derecho de los ciudadanos a recurrir a los medios de comunicación para denunciar cualquier tipo de injusticia o agresión.

Maggy Talavera, presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, expresó su satisfacción por el resultado y afirmó: “Esta es una nueva batalla ganada por la Ley de Imprenta y el derecho que tienen los ciudadanos de acudir a los medios de comunicación para denunciar cualquier tipo de hecho que les afecte o los haga sentir agredidos”.

Este episodio no es único, ya que se han registrado casos similares en el pasado. El 3 de mayo de 2023, el periodista Moisés Rodríguez Tito, de Radio Omega de Yapacaní, también fue citado a declarar para revelar la identidad de una fuente de información que denunció un robo, pero el requerimiento fue finalmente desestimado. Lo mismo ocurrió con el periodista de El Deber, Guider Arancibia, quien también fue conminado a declarar, pero el secreto de fuente en materia de prensa prevaleció.

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes, lamentó en el comunicado que “de manera recurrente las autoridades llamadas a respetar la Constitución y las leyes desconozcan las normas vigentes e intenten vulnerar el secreto de fuente”. 

Alanes recordó que “durante la gestión 2022, al menos en siete ocasiones los periodistas fueron intimidados por fiscales que se pasan por alto el blindaje legal a la protección de la fuente informativa, un derecho que resguarda la libertad de todas las personas y no solo de los periodistas”.

BD/RED