Asociaciones demandan protección para periodista amenazado tras informar sobre narcoavioneta en Argentina

Brújula Digital |27|07|23|

Tras la denuncia publicada por el diario El Deber de que uno de sus periodistas recibió amenazas por parte de la familia Lima Lobo, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y las nueve asociaciones de periodistas del país, exigen garantías efectivas y protección especial para Arancibia Guillén. 

Un periodista de El Deber fue amenazado por una persona que se identificó como parte de “la familia Lima Lobo”. El ciudadano negó que la avioneta con 300 kilos de droga que cayó en el territorio argentino esté relacionada con su familia. También aseguró que el ministro de gobierno, Eduardo Del Castillo, tampoco lo señaló durante las pesquisas y desafió al periodista a probar “la nota” ante la fiscalía.

Ante esta situación el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, señaló a través de su cuenta de Twitter que “en relación a las amenazas que recibió el periodista del diario El Deber, Guider Arancibia (…) desde el Ministerio de Gobierno y en cumplimiento de nuestra labor constitucional se le brindarán garantías necesarias para continuar realizando su labor periodística investigativa”. 

Las Asociaciones de la prensa, señalaron que consideran “insuficiente” la declaración del ministro Del Castillo y le recordaron que no se ha amenazado a “cualquier persona” sino a un periodista que se encuentra expuesto a riesgos extraordinarios y, por lo tanto, debe gozar de protección especial. 

“Recordamos que los estándares interamericanos establecen la obligación del Estado de brindar protección extraordinaria a las y los periodistas cuya vida o integridad física están en peligro mediante la adopción de medidas concretas de protección, y esta obligación conlleva también la responsabilidad de prevenir, proteger y procurar justicia” resaltaron las Asociaciones de la Prensa en un comunicado conjunto.

Así también denunciaron que las amenazas contra el periodista Guider Arancibia Guillén forman parte de un patrón de violencia impune, sistemática y estructural contra periodistas y medios de comunicación. 

Los atropellos al trabajo de la prensa son recurrentes en el país, por lo que las asociaciones cuestionaron el rol del Estado en relación a la investigación y sanción en casos como estos.

BD/AGT