Sociedad | 05/02/2022

Fiscalía interviene oficinas del exjuez Alcón y Gobierno presenta otra querella penal

Los investigadores llegaron esta mañana a sus oficinas que en otro momento servían para supuestamente administrar justicia y se llevaron documentación.

Fiscales y policías se llevaron abundante documentación de las oficinas del exjuez Alcón. Foto: Bolivisión

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Brújula Digital |05|02|2022|

Una comisión de fiscales intervino esta mañana las oficinas del Juzgado Primero de Ejecución Penal, del exjuez Rafael Alcón, con el objetivo de desprecintar los ambientes y secuestrar documentación que podrían dar más luces sobre los beneficios que otorgó a feminicidas o violentos.

El otrora administrador de justicia ahora detenido en la cárcel de San Pedro fue detenido después de que se conoció que liberó al violador serial y feminicida, Richard Choque, quien tenía una sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

De la misma liberó, según se conoce ahora, hasta cuatro sentenciados por asesinato con la misma modalidad. La Fiscalía sostiene que Alcón forma parte de un "consorcio" (delito) de autoridades y abogados que se dedican a este ilícito.

Los investigadores llegaron esta mañana a sus oficinas que en otro momento servían para supuestamente administrar justicia y se llevaron documentación.

En paralelo, el viceministro de Justicia, César Siles, presentó una querella en contra del exjuez por los siguientes delitos: incumplimiento de deberes; prevaricato; consorcio de jueces, fiscales policías y abogados; y supresión y destrucción de documentos por la liberación del feminicida serial.

Según su fallo de diciembre de 2019, el violador padecía de una diabetes incurable por lo que le otorgó 18 meses de detención domiciliaria cuando la norma penal en Bolivia establece este beneficio para personas mayores o que cumplieron dos tercios de la pena.

La querella de Siles en representación del Gobierno que también puso en marcha una comisión para revisar los casos de feminicidio y violación que recibieron beneficios de autoridades judiciales.

BD/JCV



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