La carencia de fondos obliga al Hospital Juan XXIII cerrar servicios y despedir trabajadores

Brújula Digital 29/05/2021

El desalojo por la fuerza de seis mujeres, dependientes del Hospital Juan XXIII de predios de la cede del Arzobispado de la ciudad de La Paz por la policía puso al descubierto una crisis financiera de grandes proporciones que golpea al nosocomio que, de no hallar una solución en las próximos días, anunció que cerrará servicios y echará a la calle por lo menos 120 empleados, entre enfermeras y cuerpo médico, conoció ayer Brújula Digital en fuentes institucionales.

Los datos señala que el hospital prácticamente se quedó sin recursos económicos, y que el Ministerio de Salud tiene una deuda que llegaría a los Bs8 millones, que de pagarse, podría ser un alivio que permitirá continuar con servicios médicos.

Entre tanto los trabajadores iniciaron una serie de movilizaciones, el fin de semana, para exigir al Arzobispado de La Paz, propietaria del Hospital, que asuma medidas de emergencia para evitar el cierre del nosocomio y pagar, salarios que debe a enfermeras y médicos, desde hace nueve meses.

Para ejercitar presión varias mujeres se apostaron en instalaciones de la sede eclesial para persuadir a las autoridades eclesiales que solucionen el conflicto laboral.

Sin embargo la mañana de este sábado agentes antimotines de la policía intervinieron el lugar y desalojaron por la fuerza a un grupo de mujeres que mereció, de parte de la Defensoría del Pueblo, un pronunciamiento institucional de condena por la forma violenta en que fueron sacadas del lugar, aparentemente, con el consentimiento de autoridades eclesiales.

“La Defensoría del Pueblo censura el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Boliviana en contra de trabajadoras del Hospital Juan XXIII, quienes llevan adelante una huelga de hambre en instalaciones del Arzobispado como medida de protesta por la no cancelación de sus salarios durante nueve meses”, señaló el comunicado

La institución también reclamó que “bajo el argumento de que el Arzobispado es una institución privada, representantes de la Iglesia católica llamaron a la Policía para que desalojen de sus instalaciones a las seis mujeres que habían instalado el ayuno voluntario, razón por la que el resto de sus compañeras intentaron bloquear la calle Ingavi, donde se ubica el Arzobispado, para resguardar a las huelguistas y fue cuando los uniformados actuaron haciendo uso de agentes químicos”.

“Frente a estos hechos, exhortamos a los efectivos policiales a enmarcarse en estándares disuasivos establecidos a escala nacional e internacional. Asimismo, recordamos a la Policía que la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la huelga como ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos”, llamó a la reflexión la institución.

La Defensoría informo también que a pesar de la represión policial, las huelguistas continúan cumpliendo la medida extrema en instalaciones del Arzobispado, en espera de que se atiendan sus demandas y se respeten sus derechos laborales.

Para encontrar pronto una solución, la Defensoría se comprometió también a realizar las gestiones necesarias para brindar los servicios médicos destinados a velar por la salud de estas seis trabajadoras. 

La Iglesia, institución que administra el Hospital Juan XXIII, tiene la obligación de cancelar los sueldos adeudados a los trabajadores, quienes ahora atraviesan un difícil momento porque no pueden cubrir sus necesidades más elementales ni pagar los servicios básicos dentro su núcleo familiar, subrayó también la Defensoría del Pueblo.

BD / EMV.