Alcaldía de La Paz gestiona con El Alto y 2 gobernaciones la compra de 1 MM de vacunas

Brújula Digital |09|02|21|

La Alcaldía de La Paz gestiona la adquisición de vacunas contra el COVID-19 junto a su similar de El Alto y las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija, informó este martes el alcalde paceño Luis Revilla, quien adelantó que se pretende adquirir un millón de dosis para distribuirlas entre las regiones.

La diligencia conjunta está en curso para lograr la mayor cantidad posible, sostuvo el burgomaestre. Para el municipio paceño se pretende 250.000 dosis, similar cantidad para la alcaldía alteña y el resto, en proporción, para Santa Cruz y Tarija, agregó en una entrevista con el programa Asuntos Centrales.

“Sí. Estamos en articulación entre todos para poder comprar una cantidad mayor”, afirmó Revilla, según un reporte de la Agencia Municipal de Noticias. Mencionó que el costo de las mismas oscila entre Bs 8 a 10 millones y aseguró que se busca la mejor oferta en precio y tiempo de provisión. “Tendremos que hacer el esfuerzo económicamente hablando (…), esto también depende del precio sobre lo cual vamos a tener un poco más de claridad estos días”, agregó.

Los primeros contactos de la Alcaldía fueron con AstraZeneca, pero también hay ofertas de vacunas rusas y chinas. Revilla destacó la necesidad de adquirir los fármacos porque son la solución a la pandemia. Recordó que los decretos supremos 4432 y 4438 autorizan a los gobiernos subnacionales comprar las inoculaciones, pero a través de proveedores en el mercado interno.

Entre las posibilidades de adquisición, dijo, está la compra de proveedores en Bolivia que podría ser más caro; la otra alternativa es transferir al Ministerio de Salud dinero para que se adquiera en el exterior. “Estamos trabajando, haciendo las consultas y averiguaciones para tomar la mejor decisión”, sostuvo.

A fines de enero llegó a Bolivia el primer lote de 20.000 vacunas rusas Sputnik V y se espera para este mes el arribo de un número aún no definido de dosis Pfizer, bajo auspicio del gobierno central.

BD/JJC