Sociedad | 10/12/2020

La Fiscalía arresta a funcionaria de Salud para que declare por el caso respiradores chinos

La encargada de contrataciones de la Udespro fue llevada a la FELCC para que declare, debido a que tendría participación en la compra de 324 respiradores chinos con un sobreprecio de $us 7,1 millones

Respiradores de industria china. Foto: El Deber

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Brújula Digital |10|12|20|

El Ministerio Público arrestó este jueves, para que declare en la FELCC, a la encargada de contrataciones de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (Udespro) del Ministerio de Salud, dentro de la investigación por la presunta compra con un sobreprecio de $us 7,1 millones de 324 respiradores chinos para el tratamiento de personas enfermas por coronavirus.

Además, el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) decomisó documentación física e informática de la oficina de la persona arrestada, la misma que fue requisada en horas de la mañana bajo el mando del fiscal Marco Villa, asignado al caso.

“Era la encargada de contrataciones de Udespro, era especialista en el proceso de contratación que se ha realizado a través de normas del Banco Mundial. Esta persona prácticamente ha tenido participación en todo el manejo del proceso de contratación que se ha realizado”, declaró Villa luego de llevar a funcionaria a dependencias de la FELCC para que declare. 

El representante del Ministerio Público aclaró que la situación jurídica de la funcionaria aún no fue definida, pues se espera su testimonio para adoptar una decisión sobre si es que es puesta en libertad o aprehendida.

En agosto de este año, se denunció que los documentos de exportación de los 324 respiradores chinos que compró el gobierno boliviano, establecen que el precio total, incluido el transporte, fue en promedio de $us 12.963 por cada uno. Sin embargo, el Ejecutivo, mediante la contratación de una empresa intermediaria española, pagó el triple, $us 35.000, lo que implica un supuesto sobreprecio total de $us 7,1 millones de dólares. En total el Estado pagó $us 11,3 millones.

Los documentos de exportación fueron tramitados por la empresa intermediaria, es decir el Grupo AGEM Ingeniería y Proyectos, que luego terminó vendiendo los equipos a un precio tres veces mayor.

“Se ha encontrado diferentes documentos, incluso un tercer proceso de contratación, el cual habría sido cancelado. Esos elementos se están evaluando, se ha encontrado también información del celular (de la encargada de contrataciones) así como en el CPU (procesador) donde esta persona desempeñaba funciones, elementos que están siendo evaluados. Reitero, una vez que preste su declaración, se definirá su situación jurídica”, acotó Villa.

BD/JJC

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