Defensoría lamenta muerte de Julio Pinto y pide acelerar investigación sobre la “masacre” de Sacaba

Brújula Digital |15|06|20|

La Defensoría del Pueblo, a través de una nota de prensa, pidió a las autoridades judiciales involucradas en el caso, que se  acelere la investigación de lo que denominó “masacre de Sacaba”, hecho que ocurrió en noviembre de 2019, cuando en un operativo policial - militar en esa región cochabambina, varias personas fallecieron tras una manifestación de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que demandaba el retorno de Evo Morales a la presidencia del Estado.

En la nota, la Defensoría del Pueblo, lamentó el fallecimiento de Julio Pinto, décima víctima del hecho. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Julio Pinto, de 51 años de edad y padre de cinco hijos; y cuestionamos el incumplimiento por parte del Gobierno en cuanto a los compromisos asumidos, puesto que esta víctima de lo ocurrido en noviembre del año pasado, no recibió ningún tipo de asistencia y murió en total abandono por parte del Estado”, manifestó la Defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz.

Cruz pidió que se dé cumplimiento a lo establecido por el Decreto Supremo 4100, respecto al resarcimiento, pago de atención médica, entre otros aspectos, a las personas heridas y fallecidas entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre de 2019, luego que se registraran hechos vandálicos en varias regiones del país como Senkata en El Alto de La Paz y Sacaba en Cochabamba, donde varias personas fallecieron y otras resultaros heridas.

La Defensora interina del Pueblo reclamó que, a siete meses de lo ocurrido, las víctimas siguen a la espera de alcanzar justicia por lo ocurrido, además del resarcimiento comprometido por el Estado.

Según lo expresado por la familia de Julio Pinto y de miembros de la Federación del Trópico Central “03 de Junio”, no existen avances en la investigación que permitan identificar a los responsables y tampoco se cumplió con lo establecido en el Decreto Supremo N° 4100, específicamente el numeral II del Artículo 2, respecto al pago de atención médica a los establecimientos de salud públicos, privados y de seguridad social a corto plazo, y la adquisición de servicios médicos, medicamentos y dispositivos-insumos médicos para las personas que resultaron heridas entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre de 2019.

El 15 de noviembre de 2019 una marcha de las Seis Federaciones de Productores de Hoja de Coca fue impedida en su paso hacia la ciudad de Cochabamba por la Policía y las Fuerzas Armadas a la altura del Puente Huayllani. En esa jornada, Julio Pinto resultó gravemente herido, y desde entonces quedó en terapia intensiva y en condiciones precarias, hasta su fallecimiento, el pasado 11 de junio.

En estos hechos habrían resultaron muertas nueve personas: Omar Calle, César Sipe, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas Delgadillo, Armando Carvallo Escobar, Marco Vargas Martínez y Roberto Sejas.

Cabe recordar que de acuerdo al informe emitido tras la realización de autopsias a los cuerpos de los fallecidos, las instancias legales determinaron que el motivo de los decesos fue por impacto de proyectil de arma de fuego, en la mayor parte de los casos calibre 22, munición no utilizada ni por las Fuerzas Armadas ni por la Policía Boliviana.

Al respecto, autoridades del gobierno, lamentaron que una vez más la Defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz, no tome en cuenta los informes forenses emitidos por instancia competente sobre las muertes en el puente Huayllani y muestre una “actitud parcializada” sobre el tema.

BD/JI-PA