Un nuevo drama, del entierro tradicional a los servicios de cremación de personas fallecidas por Covid-19

Digital |30|05|20|

Uno de los temas que hasta antes de la presencia de Covid-19 en Bolivia no tenía mayor significación para la población, era el de hornos de cremación, infraestructura y servicios que adquirieron significativa importancia después que las autoridades de salud, recomendaron la incineración de los cuerpos de los fallecidos por la enfermedad, como medida de salud pública para evitar la propagación de contagios.

La medida adoptada por las autoridades nacionales, a la que se suma la no realización de los tradicionales velorios y entierros con presencia de muy pocas personas, en el marco de las recomendaciones de los organismos internacionales de salud (OMS-OPS), detonó el interés de la ciudadanía para saber las posibilidades de acceso al servicio de incineración, los costos y la infraestructura existente o las posibilidades de entierro del difunto a una profundidad de tres metros bajo tierra.

Si bien en algunas ciudades los municipios implementaron servicios de incineración, los primeros conflictos sobre el tema surgieron en las ciudades de Potosí y Quillacollo; en la primera de estas ciudades, según reporte de El Potosí, se informó que los intentos del municipio para la implementación de un horno de cremación, fracasaron por las denuncias de corrupción, sobreprecios y cuestionamientos técnicos en los procesos de contratación, que determinaron que hasta la fecha, Potosí no cuente con ese servicio municipal.

En Quillacollo – Cochabamba según reportes de prensa local, la situación fue la misma, por lo que en los últimos días las autoridades edilicias además de reiterar la intensión de implementar un horno de cremación municipal, iniciaron nuevas gestiones para la instalación del servicio, el alcalde, Héctor Montaño informó que el municipio adquirirá un horno para cremar los cuerpos de fallecidos con COVID-19, a un costo de más de dos millones de bolivianos.

Luego de los trámites jurídico-administrativos y financieros, el horno crematorio será instalado en el Cementerio General de Quillacollo, cumpliendo las  recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó Montaño y agregó,  "es importante que contemos con este horno crematorio.

Santa Cruz de la Sierra

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el Gobierno Municipal de Santa Cruz a través del secretario municipal de Infraestructura y Equipamiento Social, Roberto Áñez adquirió un horno crematorio que se encuentra en etapa de instalación en el cementerio modelo municipal de la Ciudad de la Alegría (Plan Tres Mil), que entrará en funcionamiento en los próximos días, una vez concluyan los trabajos de habilitación.

Según reporte de El Deber, “la idea es que (el horno crematorio) entre en funcionamiento desde la próxima semana, será el primero en el sistema público y tendrá capacidad de incineración de 20 cuerpos al día y demandó una inversión total de Bs 1.400.000, que incluye la adquisición del horno y su instalación (cerca de Bs 1.000.000), las obras civiles, instalación de gas y otros trabajos”, detalló el funcionario edil que agregó, que el servicio continuará con precios accesibles, una vez pase la emergencia sanitaria.

Según el reporte, las empresas  del sector privado que ofrecen el servicio de cremación cobran importes que oscilan entre 3.500 y 4.200 bolivianos (500 y los 600 dólares).

Nuestra Señora de La Paz

De acuerdo a un reporte de La Razón,  el gobierno municipal de la ciudad de La Paz, cuenta con un servicio de cremación con dos hornos crematorios, el proceso (de cremación) demora hasta cinco horas y la tarifa por este servicio oscila entre 2.310,7 y 4.176 bolivianos.

Autoridades municipales señalaron que no descartan la rebaja del precio en un 50% debido a la emergencia sanitaria determinada por la pandemia de  COVID-19 y la elaboración de un protocolo específico para la atención cuerpos fallecidos por efecto de la enfermedad.

De acuerdo al reporte, los costos de cremación que ofertan  empresas del sector privado  oscilan entre 4.176 y 5.600 bolivianos (traslado de equipo especializado para recoger el cuerpo, la cremación y entrega de las cenizas), montos que pueden elevarse a más de 8.000 bolivianos si incluyen  otros servicios como dotación de cofre para las cenizas y espacio en cementerio privado.

Cabe recordar  que la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ante la presencia de Covid-19 en el país, planteó al Estado la aprobación de un reglamento para el manejo de los cadáveres, al considerar que existe una confusión de protocolos y rutas de atención, además solicitó que el Estado otorgue una subvención de gastos funerarios para personas de escasos recursos económicos.

BD/JI-PA