La corrupción en la emergencia sanitaria por Covid-19 afecta a varios países latinoamericanos

Brújula Digital |23|05|20|

Tras el “escándalo político – técnico” desatado en la emergencia sanitaria en el país, tras la adquisición con supuesto sobreprecio y limitaciones técnico-operativas de 170 respiradores para enfrentar la pandemia de Covid-19 en Bolivia, de acuerdo a informes de prensa internacional se comprueba que este tipo de situaciones se presentan en muchos países, y pasan a denominarse “ganancias irregulares en tiempo de crisis y a costa de la salud de la población”.

Según reportes de medios de comunicación internacional, al igual que en Bolivia, en otros países latinoamericanos, continúan  también en “investigación” las denuncias sobre “corrupción” en la adquisición de insumos de bioseguridad y equipos para enfrentar la pandemia, en ese contexto en Ecuador, (uno de los países más afectados por Covid-19 con más de 3.00 fallecidos y 35.000 contagios), un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) impuso medidas cautelares de carácter personal, que incluyen la prohibición de salir del país y presentación periódica ante la autoridad competente, a la exdirectora del Servicio de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles además de otras tres personas, procesadas por presunto tráfico de influencias en la compra durante la crisis sanitaria de 7.000 kits alimentarios.

En el país andino, de acuerdo a la investigación de un equipo auditor, se habría adquirido los siete mil kits alimenticios por un importe de 1,1 millones de dólares “cuando el precio debía ser de 706.000 a 790.000 dólares”, lo que motivó la acusación por uso de influencias contra la funcionaria y otras tres personas. El Código Integral Penal de Ecuador, establece una pena de prisión entre tres y cinco años para el delito de tráfico de influencias.

Otra denuncia de “corrupción en Ecuador, implica al Hospital Docente de la Policía de Guayaquil y se refiere a la adquisición de 400 "bolsas impermeables para cadáveres Covid-19" (bolsas requeridas ante el aumento de muertes por el brote de coronavirus  en Guayaquil y Quito) por un importe de 130 dólares la unidad, elemento que puede ser encontrado en el mercado por no más de 20 dólares, según datos citados por la agencia internacional de noticias EFE, o el caso sobre el Hospital General Guasmo Sur que compró las mismas bolsas impermeables para personas fallecidas por Covid-19 a 145 dólares cada unidad y en otro caso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que pagó cada bolsa a 148 dólares.

Los informes de la prensa señalan que en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo, adquirió a la compañía Cyber Robotic Solutions una sola unidad de ventilación clínica (después se informó que se adquirieron en total 21 unidades) por un valor cercano de 63.000 dólares, a pesar que el mismo día había sido adquirido otro equipo similar a una compañía europea identificada como Conduit Life por 35.000 dólares.

La compra del ventilador “más caro del mundo" como denominan con sátira algunos mexicanos, se mantiene como un “escándalo político”, luego que se  confirmó que  involucraba a “un alto funcionario relacionado con el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador”, según datos de EFE.

En Colombia, según informes de prensa, la Procuraduría General abrió una investigación a un polémico contrato de compra de 10 ambulancias en  el municipio de Putumayo, en el que presuntamente las autoridades habrían incurrido no solo en sobrecostos, sino también en la "vulneración al principio de planeación", 19 gobernaciones y 17 alcaldías por acciones similares y que conllevan 43 procesos disciplinarios y 70 indagaciones por corrupción.

Según los mismos informes, la fiscalía de Panamá abrió una investigación por la compra a través del Viceministerio de la Presidencia, de 100 respiradores portátiles para pacientes graves de COVID-19, a un proveedor no identificado, con costo de 48.950 dólares cada uno, precio muy superior a los entre 6.000 y 10.000 dólares que tenían antes de la pandemia.

En  Honduras y Guatemala las fiscalías de esos países investigan por supuesta corrupción, compras públicas de insumos para enfrentar la crisis del COVID-19, en medio de alertas de varias ONG y de la sociedad civil, en tanto que Transparencia Internacional (TI) en América Latina advirtió que la corrupción puede aumentar en la región a partir de las compras y contrataciones que realizan los Gobiernos para afrontar la pandemia.

En resumen, la organización internacional califica como “una suerte de mina de oro en la que se convirtieron, para algunos funcionarios y empresarios latinoamericanos, los contratos de compra de los equipos médicos, ‘ventiladores clínicos que triplican su valor convencional, bolsas para cadáveres a precios exorbitantes, alcohol cobrado como si fuera vino de las más finas reservas y overoles de bioseguridad tan caros como prendas de diseñador’, necesarios para hacerle frente a la propagación del Covid-19; la emergencia sanitaria es aprovechada por quienes incrementan gastos a su favor al mismo ritmo con el que aumentan los casos de contagio. 

BD/JI-PA