Por el sobreprecio en compra de respiradores, ministro de Salud será convocado a declarar

Brújula Digital |20|05|20|

El ministro de Salud, Marcelo Navajas, será convocado a declarar ante la fuerza policial anticrimen por el presunto sobreprecio en casi cuatro veces, en la cuestionada compra de los 170 ventiladores, anunció el miércoles el titular de Justicia, Álvaro Coimbra.

“Es correcto, el ministro de Salud será convocado a declarar, porque él es la unidad solicitante de estos equipos y se debe aclarar por qué la necesidad de esos equipos”, informó Coímbra, en entrevista con la red Uno y dijo que “ya se tienen dos observaciones (por compra de) estos equipos, primero si servían o no para la crisis sanitaria, y después por qué del sobreprecio”.

La empresa española GPA Innova vende cada respirador, en su versión básica, la que fue solicitada por los intermediarios para Bolivia, en 7.194 dólares, pero el Ministerio de Salud pagó 28.080 dólares.

Coimbra reveló que existía una segunda oferta que ofrecía los mismos equipos en 12.000 dólares, incluyendo el traslado al país, pero se optó por la otra oferta, razón por la que se ordenó al Ministerio de Economía la paralización del pago del otro 50 por ciento restante, abriendo un proceso de conciliación con la importadora.

“De entrada, nos llama la atención lo que se pagó. Ya el 15 de mayo nosotros habíamos solicitado revisar el proceso de contratación y hasta ayer no se nos había entregado la documentación. Por qué se oculta la contratación a una entidad como el Ministerio de Transparencia”, agregó el ministro de justicia.

Gobierno congela pago del 50%

Tras anunciarse una investigación sobre el proceso de compra de los 170 respiradores que se adquirieron con un presunto sobreprecio de casi cuatro veces, el Gobierno determinó congelar el pago del restante 50% que se debe por dichos equipos médicos.

"Hemos solicitado al Ministerio de Finanzas, al ministro Parada, que se paralice cualquier tipo de pago sobre esto. En otras palabras, que el otro 50% no se pague", afirmó el ministro Coimbra, en entrevista con Red Uno. "Vamos a establecer dentro del proceso una conciliación de cuentas con la empresa. (...) Si es necesario, vamos a ir a un proceso, pero no vamos a pagar el otro 50%”.

Coimbra informó que ya se solicitó el secuestro de la documentación y el precinto de las instalaciones, y que se solicitará que presten declaración todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso, incluídas las cuatro personas ya detenidas y el ministro de Salud, Marcelo Navajas, según reporte de Página Siete

La autoridad además denunció que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) tardó cuatro días en hacer entrega de la documentación correspondiente al Viceministerio de Transparencia, un retraso que el Ministro considera llamativo.

"Nosotros, como Ministerio de Justicia, ya el 15 de mayo solicitamos el proceso de contratación a la Aisem y a su gerente, Geovanni Pacheco, y hasta el día de ayer no se nos había entregado. (...) Cosa que nos llama la atención. ¿Por qué se oculta la documentación a una entidad como el Viceministerio de Transparencia que tiene toda la tuición para solicitar este tipo de documentación?", cuestionó.

Respecto al papel de Fernando Valenzuela, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, a quien se ligó con la exministra Gabriela Montaño (MAS), Coimbra sostuvo que "no le correspondía" ser parte del proceso de contratación y que se duda sobre sus motivaciones para hacerlo.

"Llama poderosamente la atención que una persona ligada de manera íntima a la exministra Montaño primero haya permanecido dentro del Ministerio de Salud, y segundo que, siendo asesor jurídico del Ministerio de Salud y siendo la Aisem una institución descentralizada del ministerio, haya participado en ese proceso de contratación. Él no tenía por qué participar", apuntó Coimbra.

"Al ser una institución descentralizada, la Aisem tiene su propio ejecutivo y su propia asesoría legal y sus propias unidades técnicas. Llama la atención la motivación que tiene el señor Valenzuela de ser parte del proceso de contratación y estar constantemente verificando que este proceso se lleve a adelante y se concrete. (...) No le correspondía".