CIDH espera información completa sobre procesados y detenidos por “desinformar” o “generar odio” en Bolivia

Washington DC |16|5|20|

Mario Cañipa Vargas, especial para Brújula Digital

El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, informó que su despacho aguarda que el gobierno interino de Bolivia le remita la información completa sobre la cantidad y condición actual de los acusados y detenidos por “desinformar” o “generar odio” en el país durante la crisis del coronavirus.

Lanza insistió en que, una vez que el gobierno derogó los artículos de tres decretos que restringían la libertad de expresión en Bolivia, las autoridades judiciales del país deben revisar los procesos o condenas de las personas que hayan sido o sean procesadas actualmente por la comisión de los supuestos “delitos” tipificados en esas disposiciones y proceder como mande la ley en cada caso.

“En virtud de las facultades que le otorga el reglamento de la Comisión Interamericana a la Relatoría, hemos solicitado esa información al Estado de Bolivia de manera formal. Queremos saber con precisión cuales son las personas detenidas, por qué tipo o figura legal y cuáles serían las expresiones o acciones que han justificado nada menos que una situación de procesamiento, de prisión preventiva o de pérdida de libertad en cada caso”, señaló el relator.

“El Gobierno boliviano nos ha informado que efectivamente están recolectando esa información y nos han pedido unos días para hacérnosla llegar. Esa es justamente la preocupación que tenemos ahora y cuando tengamos la información oficial vamos a evaluarla y para hacer un pronunciamiento”, agregó.

Por otra parte, Lanza expresó: “Hemos dicho varias veces que los gobiernos interinos deben conducir los procesos necesarios para fortalecer la democracia y no tratar de emprender reformas en el Estado o generar cambios profundos, porque su misión es temporal. Es preciso esperar a que un gobierno con toda la legitimidad de las urnas promueva esos cambios; por ahora simplemente se debiera garantizar los más altos estándares de libertad de expresión”, finalizó.

Decretos supremos

Presionada por una ola de reclamos producidos tanto dentro como fuera de Bolivia, la presidenta Jeanine Añez dejó sin efecto el jueves varios artículos de los decretos 4231, 4200 y 4199, que, promulgados al amparo del estado de emergencia vigente por la pandemia del coronavirus, penalizaban con hasta 10 años de cárcel a la “desinformación” que genere “incertidumbre” en el país, ya sea en forma escrita, impresa o artística.

El DS 4231 precisaba, con respecto a los decretos 4200 y 4199, que las personas que incurrieran en la acción de “desinformar” a la población –sin precisar el alcance preciso de ese concepto– podían ser demandadas ante el Ministerio Público y responder por la comisión de delitos contra la salud y otros que puedan calificar los fiscales, sin parámetro legal alguno.

El relator Lanza dijo haber tomado conocimiento a través de los medios bolivianos de al menos 30 casos de acusaciones o detenciones por los supuestos delitos mencionados en esos decretos y afirmó que “es muy extraño” que algo como “desinformar”, que nadie puede definir con precisión –“menos el gobierno”–, sea objeto de una persecución penal en un sistema democrático.

“Muchos de los casos que hemos visto en Bolivia son más bien cuestionamientos, opiniones o simplemente información que al gobierno no le agrada. Las opiniones no son susceptibles a un juicio de veracidad porque, además, el derecho penal siempre puede ser utilizado para suprimir la crítica o perseguir la crítica o la disidencia política”, agregó.

Consultado sobre los primeros seis meses del gobierno de Añez, desde el punto de vista de los derechos humanos, el relator lamentó que durante este tiempo se haya profundizado una polarización muy fuerte, surgida en la gestión anterior, que ha ocasionado la estigmatización hacia personas que piensan distinto o apoyan a distintos sectores.

“Una vez instalado el gobierno, ha tomado una serie de decisiones que hemos señalado que no están en el marco o no respetan los estándares internacionales de la libertad de expresión. Derechos Humanos en algunos casos y libertad de expresión en otros. Y lo más significativo tiene que ver con el uso desproporcionado de le la fuerza de agentes estatales en contextos de protesta”, dijo

“Recuerdo una decisión que buscaba revisar y revocar las frecuencias de radiodifusión comunitaria sin las garantías del debido proceso sin que existiera alguna denuncia formal contra estas emisoras y luego fue revocada”, agregó.

Finalmente, el relator para la libertad de expresión de la CIDH recordó que la misión específica de un gobierno transitorio, como es el caso de Bolivia, es convocar a elecciones en el menor tiempo que sea posible y garantizar que ese proceso sea transparente para fortalecer la democracia.