Contra decretos más cuestionados del gobierno de Añez, Defensoría presenta recursos ante el TCP

Brújula Digital |14|05|20|

Dos acciones de inconstitucionalidad abstracta contra los decretos que penalizan la difusión de información que genere incertidumbre y otro que establece procedimientos abreviados para una evaluación de uso de transgénicos, fueron presentados este jueves por la  Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)

La acción judicial contra ambos decretos emitidos en pasados días por el gobierno de la presidenta Añez y que originaron polémica en varios sectores de la sociedad, son considerados como contrarios a la Constitución Política del Estado (CPE) por la institución gubernamental encabezada por Cruz.

En primera instancia, la Defensora del Pueblo presentó el recurso contra del Decreto Supremo que penaliza la “desinformación” en el país, pues considera que el mismo restringe la libertad de expresión en el país.

“En Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional es la única que se encuentra con la legitimidad constitucional para limitar derechos fundamentales, pero bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad. En otras palabras, cualquier restricción de los derechos fundamentales, como el de la libertad de información y opinión, pasa necesariamente por un diálogo democrático en el Órgano Legislativo”, sostuvo la Defensora del Pueblo.

Este decreto sanciona penalmente la difusión de la información “escrita, impresa y/o artística” que genere “incertidumbre en la población”. Por su parte, el Gobierno, aclaró que la norma no atañe a los periodistas.

Asimismo, la Defensora del Pueblo presentó otro recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo referido al uso de transgénicos que determina, “de manera excepcional autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”.

Nadia Cruz sostuvo que esta norma viola el derecho a la seguridad alimentaria, transgrede el principio de supremacía constitucional y el de reserva legal, y atenta contra la biodiversidad de semillas originarias y diversas como el maíz.

Cruz agregó que este decreto atenta contra la seguridad alimentaria al reducir los protocolos para determinar si el consumo y uso de semillas transgénicas son seguras para la salud y el medioambiente, además que atenta contra la diversidad genética de semillas como las del maíz, que tiene las características de ser centro de origen, diversidad, patrimonio genético.

BD/JI-PA