La ASFI está en el ojo de la tormenta por los plazos de pago de créditos bancarios

Brújula Digital |11|05|20|

Desde pedidos para la destitución de su director ejecutivo, Gonzalo Guillermo Romano, pasando por plazos para que la entidad de supervisión modifique su “interpretación de la norma”, hasta denuncias por “supuestos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley”, la ASFI está en el ojo de la tormenta del debate político.

El problema surgió por un comunicado de la ASFI que instruyó que los créditos bancarios deben empezar a cobrarse “desde junio”, cuando una ley aprobada por la Asamblea Legislativa estableció que el plazo para ello es de seis meses posteriores al fin de la emergencia sanitaria.

El comunicado de la ASFI generó una ola de críticas contra la entidad, provenientes desde sectores políticos y empresariales, además de acusaciones ante el sistema judicial.

Micro y pequeña empresa

La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) y la Federación Regional de Micro y Pequeños Empresas (Fermype) de El Alto exigieron este lunes la renuncia de Romano y la anulación del comunicado de la ASFI.

El presidente de la Conamype, Agustín Mamani, informó que envió a la Asamblea Legislativa una carta en la que solicita que los legisladores “interpreten la Ley 1294 de Diferimiento de Créditos para evitar tergiversaciones de la norma”.

“Hemos pedido que sea la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores las que interpreten la ley, no así el Órgano Ejecutivo, porque lamentablemente lo ha hecho a su modo y están vulnerando el derecho de las microempresas”, afirmo el dirigente.

Mamani anticipó que si la ASFI no retrocede en sus determinaciones, Conamype tiene previsto realizar una movilización a nivel nacional con bloqueo de caminos.

Por su parte, Juan Carlos Apaza, presidente de Fermype, otorgó de un plazo de 72 horas a Romano para que reajuste el comunicado sobre el plazo de pago de créditos y luego presente su renuncia. De lo contrario, dijo Apaza, se organizarán movilizaciones.

“El funcionario no supo interpretar adecuadamente la Ley 1294, que establece el congelamiento de pagos de créditos bancarios por el tiempo de la cuarentena y seis meses posteriores”.

Apaza señaló que los microempresarios realizaron gestiones por la vía formal, con cartas y quejas, pero no fueron escuchados y explicó que sus bases “están en quiebra” y que, después de la cuarentena, tardarán un año en reestablecerse, porque tendrán que “comenzar de cero”.

Transporte pesado

De acuerdo a un reporte de ANF, las organizaciones de transporte pesado se sumarán a las protestas de Conamype ya que según el dirigente del sector, Reyner Alcón, los afiliados no podrán pagar créditos desde junio pues la actividad económica ha sido nula durante la cuarentena.

Pidió hacer cumplir a cabalidad la ley 1294 y anunció que su sector tomará decisiones acerca de medidas de presión.

Alcón planteó que se cumpla a “cabalidad” la Ley 1924 y advirtió que en caso contrario su sector adoptará medidas de presión.

Denuncia ante el Ministerio Público

El senador del MAS Omar Aguilar anunció que denunció penalmente ante el Ministerio Público a Romano por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley y por el comunicado en el que conmina a los deudores de la banca a regularizar sus deudas desde el 1 de junio.

Aguilar aseveró que la demanda explica que el comunicado de la ASFI contraviene a la Ley 1294.

“La Asamblea Legislativa tomó la decisión de diferir el pago hasta seis meses después de culminada la declaratoria de emergencia sanitaria. Si la cuarentena se levantara, pero continúa la emergencia, el punto de partida para contar desde cuándo pagar los créditos es la suspensión de la emergencia”, explicó el asambleísta del MAS.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, informó que se presentará ante las instancias legales correspondientes un recurso de Acción de Cumplimiento, para que el ente regulador cumpla con lo establecido en la ley mencionada.

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