Sociedad | 11/05/2020

Amalia Pando: Vamos al desastre por un camino sembrado de enfermos, muertos y desempleo

En todos los países del mundo, de modos diversos, se está buscando frenar la expansión del coronavirus y disminuir el número de muertes que deja a su paso. Bolivia será el único que por decisión de su gobierno entregue a su población sin luchar. (Amalia Pando)

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Amalia Pando / Cabildeo

El ministro de salud, Marcelo Navajas, dijo el 5 de mayo: “Para darles una idea, si este mes de mayo nos va bien, vamos a estar por el orden de los 10.000 infectados. Con esta cantidad, en ninguna parte del mundo han podido responder en su sistema de salud”. Y para rematar agregó: “El momento que está pandemia empiece a bajar será cuando el 60 % de la población esté contaminada. A partir del 70 % y el 80 % vamos a decir que hemos ganado... vamos a tener muchos fallecidos”.

El comandante de la guerra contra el coronavirus nos está diciendo que para ganar la guerra tenemos que entregarnos al enemigo. ¿Qué clase de comandante es éste?

Cuando 6,6 millones de personas en Bolivia estemos contaminadas con el COVID-19, entonces, y solo entonces, el número de contagios empezará a bajar dejando a su paso “muchos fallecidos”. Según la OMS, la tasa de mortalidad por la enfermedad es del 3,5% de los contagiados, por lo que esos “muchos” mencionados por el ministro serán 231.000 personas muertas en el país. ¿Podremos resistirlo? 

En todos los países del mundo, de modos diversos, se está buscando frenar la expansión del coronavirus y disminuir el número de muertes que deja a su paso. Bolivia será el único que por decisión de su gobierno entregue a su población sin luchar. 

El exministro de salud, Aníbal Cruz, cuatro días después de renunciar ya había advertido: “En siete días tendremos 900 pacientes de COVID-19 y en 30 días unos 9.000 casos y en cuatro meses, 48.000 infectados. Significa que en 20 días tendremos 720 pacientes fallecidos y en cuatro meses, 3.840 fallecidos”. 

Este cálculo establece que la tasa de mortalidad en Bolivia será del 8%. ¡Un verdadero cataclismo!

Una cuarentena para demorar el desastre

Fue un acierto del gobierno de Jeanine Añez haber decretado tempranamente el cierre de las escuelas y haber establecido el 22 de marzo la cuarentena a nivel nacional cuando en el país se registraban sólo 27 contagios y cero fallecidos. De los 27, en Santa Cruz se registraban 15, ocho en Oruro, tres en Cochabamba y un caso en La Paz. 

Una cuarentena temprana debía servir para reordenar y equipar el sistema sanitario y, al mismo tiempo, encapsular los focos de contagios a través de test que sirven para rastrear a los contactos de los pocos casos positivos que había entonces.

No ocurrió ni lo uno ni lo otro. Para el ministro Navajas la cuarentena ha tenido por objetivo postergar el colapso hospitalario, nada más. Esto explica su negativa a tomar pruebas masivas. Pero ni siquiera consiguió este limitado objetivo. Los hospitales ya estaban colapsados antes de esta epidemia y hoy viven un agobio con el agregado del miedo porque se han convertido en el principal foco de contagio. 

La batalla por un test

El Ministerio de Salud ha usado los test, o más bien la falta de ellos, para limitar el acceso de pacientes a los “hospitales centinela”, únicos autorizados para atender casos de COVID-19. De este modo “gambetean” el colapso hospitalario y hasta hace poco inclusive sobraban camas hospitalarias. 

Existe un protocolo con sanciones para quienes no lo cumplen. Si un enfermo no tiene el resultado positivo, no puede ser hospitalizado en los “hospitales centinela”. Y, por otro lado, ningún otro hospital puede atender a un infectado con coronavirus. En conclusión, si usted tiene fiebre, le falta el aire, tose y no puede respirar, tiene que conseguir un test, de lo contrario, no lo atenderán. 

La semana pasada murió en la puerta del hospital Viedma, en Cochabamba, un hombre de 74 años al que no lo quisieron atender por falta de esa prueba. 

Para acceder a un test se tiene que pelear con la gente del SEDES durante muchos días en los que el enfermo pasa a un estado grave. Puede morir sin que la familia sepa si tenía o no COVID-19. Si aún está vivo, durante esos días de espera, el paciente no se queda en su casa. Quiere salvar su vida y sale a uno y otro hospital en busca de ayuda. Si logra que el SEDES le tome una prueba tiene que esperar el resultado, otros seis días o más. Algunos no resisten.

Testimonio del capitán Requena

El testimonio del capitán Mauricio Requena narra esa dura e infructuosa batalla por un test que pudo haber salvado la vida de su esposa, la doctora Erika Salvatierra. Con el agravante, en este caso, de haber recibido, un par de días antes del deceso, un resultado negativo que hizo levantar todas las medidas de seguridad. El segundo resultado fue positivo, pero llegó cuando ella ya estaba muerta y el personal médico, contagiado.

Siguiendo con el protocolo, el personal médico de los otros centros de salud, los no autorizados para recibir pacientes con COVID-19, no usan equipo de bioseguridad porque las autoridades consideran que no es necesario.

Pero resulta que puede presentarse un infectado asintomático que sufre además otra dolencia y lo tienen que atender sin una prueba previa que les advierta del riesgo y sin medidas de seguridad que los proteja. Así, el contagio avanza atacando al personal de salud y sigue con los otros pacientes que a su vez contagian a sus familiares que los visitan en el hospital. La cadena de contagios se alarga hasta que el 60% de la población esté contaminada y el ministro Navajas se dé por satisfecho. 

Testimonio del Jefe de Traumatología en Santa Cruz

El testimonio del Jefe de Traumatología de la Caja Petrolera de Santa Cruz, doctor Eduardo Aliaga, es para llorar. Dice que por una fractura en el fémur atendieron a una paciente asintomática de COVID-19, que llegó acompañada de su hijo, quien tosía sospechosamente. Por precaución, antes de operarla, ordenaron un test a un laboratorio particular y dio positivo, tenía COVID-19. El SEDES amonestó al doctor Aliaga por haber ordenado la prueba e internado en aislamiento al hijo. El SEDES también ordenó a todo el personal que tuvo contacto con esta paciente seguir trabajando y procedió al traslado de la señora a un centro “centinela”, pero sin haberla tratado de la fractura, por lo que su padecimiento debe ser un tormento indescriptible.

Casos y ausencia de test

Por esta política, que en vez de combatir los contagios, los favorece, el gobierno terminó peleado con las sociedades científicas de los colegios médicos; ha enfrentado una ola de renuncias del personal sanitario; y ha sido cuestionado por miles de pacientes y sus familiares por las restricciones inauditas para acceder a una prueba. 

La consecuencia de esta política fue la “expansión vertical” del coronavirus. En 50 días de cuarentena hay más de 2.500 casos positivos, según datos oficiales al 11 de mayo, y 118 muertes. Los nuevos casos van entre 80 y 200 cada 24 horas.

Santa Cruz tenía 15 casos cuando se inició la cuarentena, cuyos contactos se pudieron haber rastreado con la toma masiva de test y contener así la expansión de los contagios. 44 días después, esa ciudad tiene 1.318 casos.

Oruro saltó de ocho casos a 115, Cochabamba de tres a 82 y La Paz de uno a 271. Y son cifras oficiales que reflejan apenas una tenue sombra de la mancha expansiva de esta pandemia.

El Comité Científico del Colegio Médico de Santa Cruz anticipa una catástrofe. No hay condiciones para levantar la cuarentena, dijo su vocero. La epidemia no está controlada, el sistema de salud ya está saturado y no hay testeo para el rastreo de la infección. Solo podemos esperar una catástrofe.

La tragedia del Beni

Oficialmente, Beni se mantenía como un territorio libre de coronavirus hasta que murió un mototaxista, el 21 de abril. Había pasado un mes desde el inicio de la cuarentena, tiempo del todo desaprovechado en el que las autoridades no movieron ni un barbijo en ese departamento.

El director del SEDES de entonces, doctor Carlos Reyes, anunció que iban a rastrear a los contactos del mototaxista fallecido. Pero no lo hicieron, no disponían de pruebas. Se estimó que 68 personas habían tenido contacto con el fallecido, 40 de ellos son del personal de salud. El director del hospital Germán Busch, César Ligero, anunció acongojado que dispondría de cinco camas para COVID-19. ¡Cinco camas! No tenía idea de lo que se le venía.

Al Beni no llegó ni un solo respirador. El hospital Germán Busch de Trinidad cuenta con 15 respiradores, pero solo funcionan dos. No hay más. Desesperados, los médicos de emergencias de Trinidad clamaron por ayuda. Los doctores Juan Velásquez y Víctor Vaca no encontraron respiradores en COSSMIL ni en la Caja Nacional de Seguridad.

“Tenemos seis pacientes que necesitan ahora respiradores de urgencia”, rogaron impotentes. El SEDES compró respiradores, pero sólo en papeles y la gran mayoría de los que encontraron en otros hospitales no funcionan. Se han declarado en emergencia y piden se declare “zona de desastre” porque ¡es un desastre! Tampoco recibieron equipo de bioseguridad aunque tras un allanamiento realizado el 27 de abril a los almacenes del SEDES encontraron un buen lote escondido.

El 1 de mayo, Beni registró otros 16 casos, al día siguiente sorprendió con 108 en 24 horas, el 3 de mayo anotaron otros 21, con los que totalizaron 212 positivos, cifra que no se movió durante unos días. Como no se hacen pruebas o los resultados tardan en llegar, los datos se congelan, no se sabe cuántos son los infectados ni dónde están. El último informe oficial subió a 314 casos y 23 muertos, y Beni pasó a ser el segundo departamento más afectado por la enfermedad.

Entre tanto, hace una semana murió un médico en Trinidad caído por el coronavirus y la política del gobierno. El personal médico está seriamente afectado, al extremo que quedan muy pocos atendiendo los colapsados y agobiados hospitales. 

Hasta el 11 de mayo había 76 médicos, enfermeras y otro personal de salud contagiado, algunos en estricta cuarentena en el hotel Jacarandá, sin apoyo ni seguimiento de la evolución de su enfermedad y, por si fuera poco, ellos mismos tienen la obligación de pagarse el costo del hotel y sus medicamentos, según denunció del doctor Jesús Moscoso.

En este contexto, y cómo los empresarios y trabajadores no aguantan más, a partir del próximo del 31 de mayo en La Paz, vamos a levantar “dinámicamente” la cuarentena en todo el país. No puedo siquiera imaginar lo que va a pasar. 

“Hemos contenido a todo pulmón, pero si no tenemos sostenibilidad, se convierte en un riesgo que va a ser mucho más grave que en Europa, donde los países tienen una solvencia económica… Yo creo que sí esto llega a ser una ola que comprometa la estabilidad de Jeanine Añez, va a ser desastroso para nuestro país”, resumió la situación el exministro Cruz.



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