Defensoría del Pueblo demanda a Gobierno que garantice integridad personal de salud de El Alto

Brújula Digital |04|05|20|

La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, solicitó al gobierno central que otorgue las garantías necesarias para la integridad del personal de salud, ante los ataques que sufrieron por parte de vecinos de la ciudad de El Alto la pasada semana, asimismo, afirmó esa institución vela por la seguridad de los trabajadores en salud de los establecimientos médicos de ese centro urbano.

“La Defensoría del Pueblo solicita a su autoridad adoptar, de manera inmediata, las medidas de seguridad necesarias, que garanticen la integridad del personal de los establecimientos de salud de la ciudad de El Alto, para que puedan desarrollar sus funciones en sus lugares de trabajo con normalidad, y así aseguren el derecho a la vida y a los servicios de salud a la población”, señala parte del comunicado de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, remitida al ministro de Salud, Marcelo Navajas.

La Defensora recordó que la Organización Mundial de Salud (OMS) recomienda a los gobiernos, “monitorear ataques contra los trabajadores de la salud para impedirlos y asegurarse de que puedan responder de manera rápida, adecuada y apropiada en caso de producirse un ataque, garantizando la protección de los trabajadores en salud”, ante la emergencia por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

El comunicado señala también que la resolución “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” de la CIDH recomendó que los gobierno deben garantizar la protección de los derechos, así como la disposición de recursos específicos mínimos destinados a enfrentar este tipo de situaciones de emergencia sanitaria.

El documento agrega que la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo (SOCHMET) realizó recomendaciones de Seguridad y Salud Ocupacional para Trabajadores de la Salud, quienes tienen derecho a solicitar medidas que garanticen su vida e integridad manera personal y colectiva.

“En el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de la Constitución Política del Estado, el Estado Boliviano tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, más aún cuando se atraviesa una emergencia sanitaria por la declaración de pandemia mundial”, reza parte de la nota remitida al ministro de Salud.

Cabe recordar que pasados días, en la ciudad de El Alto se produjeron una serie de ataques a personal de salud. El 30 de abril, un grupo de personas apedreó dos autobuses del sistema municipal de transporte Waynabus, los que trasladaban al personal de salud. El viernes 1 de mayo, en el sector de Puente Vela, fue apedreada una unidad del Servicio de Ambulancias de Urgencias y Emergencias Médicas (SUMA), que se dirigía a recoger a un paciente.

En otra jornada, en Rurrenabaque - Beni, un grupo de personas obligaron a enfermeras y médicos a abandonar el hotel donde se hospedaban.

Respecto a la posición de la Defensora del Pueblo, parlamentarios de Unidad Demócrata, expresaron su extrañeza al considerar que la posición de la autoridad defensorial en ningún momento se refiere a las sanciones legales que deben recibir quienes fueron detenidos por atentar contra la integridad de los trabajadores de salud y los servicios de atención de salud en El Alto, sanciones que señalaron deben estar enmarcadas en las normas  legales en vigencia.