Ministerio de Obras Públicas reactiva proceso contra dirigentes del transporte por caso peajes

Brújula Digital|27|12|19|

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, informó que el proceso contra la dirigencia de los choferes, por la retención de 0,20 centavos en el peaje de la Autopista La Paz - El Alto, se reactivó en la Fiscalía.

La autoridad de Estado sostuvo que ese caso no puede ser cerrado, como pretendía hacerlo la administración del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), porque el cobro que se hacía durante años a los choferes debía financiar un programa de salud en beneficio del sector, y ese dinero fue a parar a cuentas personales de los dirigentes.

"El caso de los 0,20 centavos se está activado en la Fiscalía, no hemos dejado el caso, ese caso no se puede cerrar, porque tenía un objetivo, a los choferes se les descontaba 20 centavos para que ellos cuenten con un seguro de salud", informó Arias.

Arias remarcó que este tipo de casos donde se ve hechos de corrupción, no pueden quedar impunes, porque se jugó con las necesidades de la gente, como contar con un seguro de salud.

Añadió que se entregó a la Fiscalía todos los documentos recolectados en el Ministerio de Obras Públicas, los mismos que permitirán continuar con las investigaciones y dar con los responsables del manejo irregular de esos recursos económicos.

En febrero de este año, los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría presentaron una denuncia en la Fiscalía contra Ismael Fernández, Rubén Sánchez, Fortunato Sirpa, José Antonio Choque, Crisóstomo Choque, Mario Silva, por recibir, de Vías Bolivia, el dinero recaudado del peaje de la Autopista La Paz - El Alto en cuentas personales.

Los choferes en su defensa alegaron que los recursos se depositaron en cuentas mancomunadas. Posteriormente el dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, reconoció que parte del dinero retenido por Vías Bolivia de los peajes de los choferes, “fue destinado a viáticos, viajes, dietas y farras”.

Los denunciantes señalaron que el dinero debía ser destinado a un fondo pro salud para los choferes de base, sin embargo, esos recursos habrían sido malgastados, por ello pidieron investigar todos esos aspectos por los delitos de apropiación indebida de bienes, malversación de fondos, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

En esa ocasión, la fiscal Edna Montoya indicó que se rechazó la denuncia interpuesta por los diputados Santamaría y Quispe, debido a esa situación es un delito de acción penal privada en el que los afectados pueden acudir a la jurisdicción ordinaria civil para pedir la rendición de cuentas de esos fondos y además, porque en la demanda apuntan delitos que corresponden a servidores públicos y los dirigentes no tienen esa figura legal.

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