Gobierno interpone demanda para confiscar bienes valuados en seis millones de dólares de “narcotraficantes” vinculados a red de Montenegro - Medina

Brújula Digital |02|10|19|

A través del ministerio de Gobierno y la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) el órgano ejecutivo interpuso hoy una demanda de pérdida de dominio para lograr la confiscación de los bienes de Pedro Montenegro Paz y el excoronel de Policía, Gonzalo Medina, “vinculados a una presunta red de narcotráfico”, bienes que están valuados en seis millones de dólares aproximadamente.

De acuerdo a Carlos Romero, la acción legal fue iniciada tras advertir que “se intentaban negociar o transferir” dichos bienes.

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que se activó el proceso de extinción de dominio de bienes dentro del caso Pedro Montenegro, sobre la base de los informes de Dircabi, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

La investigación contempla a unas 30 personas titulares de las transacciones que fungieron como “testaferros o palos blancos”. 40 inmuebles, 24 vehículos, dos empresas y un crédito de un millón de dólares que podrán ser confiscados, según reporte de medios de comunicación.

“El objetivo es afectar el poder material y logístico de la organización criminal. Mientras la organización criminal disponga de poder económico y logístico, tiene posibilidades de manipular cosas, ejercer presión, de repente hasta sobornar autoridades, en fin”, sostuvo Romero.

La autoridad de gobierno explicó que en caso que el procedimiento prospere, los bienes demandados pasarán a la condición de confiscados y podrán ser subastados. El monto económico recaudado pasará al Ministerio Publico y al Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) y, serán utilizados para la lucha contra el narcotráfico.

El director de la Dircabi, Marcelo Gutiérrez, añadió que el caso será declarado en reserva y estimó que el proceso judicial para la extinción de dominio durará entre seis a ocho meses.

Añadió que la investigación del caso se realizó con apoyo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la fuera antidroga, para establecer que estos bienes se adquirieron con recursos provenientes de la ilícita actividad del narcotráfico.