Nueva acusación contra Revilla, esta vez por el deslizamiento de Kantutani

Brújula Digital ||21|08|19|

La Defensoría del Pueblo pedirá al Concejo Municipal de La Paz se investigue la actuación del alcalde Luis Revilla para establecer si existió responsabilidad administrativa en la falta de información oportuna sobre el deslizamiento registrado el pasado 30 de abril en el barrio de Kantutani, además la Defensoría en su informe sobre el caso recomienda al Ministerio Público, establecer una investigación para determinar una supuesta responsabilidad penal por el fallecimiento de tres personas en ese suceso.

El pronunciamiento señala en el caso de responsabilidad administrativa, la comisión de "falta de colaboración" y respuesta a la Defensoría del Pueblo, que el 7 de mayo pasado solicitó información relacionada al deslizamiento ocurrido en la zona de Kantutani y las acciones realizadas por el gobierno edil, señalan medios de comunicación locales.

El informe precisa, “La Defensoría del Pueblo emitió una Resolución Defensorial en la que solicita al Concejo Municipal de La Paz iniciar acciones para determinar posibles responsabilidades por la falta de información oportuna a la población sobre la situación de riesgo en la que se encontraban los sectores afectados, y por la falta de fiscalización, omisiones y acciones, por parte de autoridades y funcionarios municipales, para impedir nuevos asentamientos humanos legales e ilegales en esas zonas desde 1985”.

Señala además, que en cinco oportunidades (15, 16 y 23 de mayo y el 11 y 19 de junio) se hizo seguimiento a ese requerimiento, “hasta la fecha no se recibió una respuesta, incumpliendo lo establecido en el artículo 223 de la Constitución Política del Estado y del artículo 22 de la Ley 870 del Defensor del Pueblo”.

La Defensoría del Pueblo menciona que se vulneró el derecho al acceso a la información de la población “toda vez que recién al mediodía del 30 de abril personal edil informó del peligro y la necesidad de abandonar la zona, extremo que determinó que una gran parte de las personas pierda no sólo sus bienes, también animales, mascotas y en los casos más extremos, que tres personas presuntamente hayan perdido la vida”.

La Defensoría concluye que esto se pudo evitar si el personal municipal cumplía su obligación de informar, independientemente de si el deslizamiento hubiera ocurrido o no.

Aproximadamente a mediodía del martes 30 de abril de este año se registró un deslizamiento de tierras en las zonas de Kantutani II y San Jorge, dejando al menos siete inmuebles destruidos y bajo los escombros y toneladas de tierra, y más de 60 familias afectadas.