El texto menciona que en los últimos años el Gobierno ha desarrollado una campaña para controlar, amedrentar y cooptar a los medios de comunicación.
Parte del texto y de los firmantes
Entre los firmantes figuran nueve premios nacionales de periodismo, además de directores de medios y reconocidos periodistas, artistas e intelectuales.
El texto hace referencia a todos los artículos de la Constitución y otras leyes que impiden que ENTEL inicie un juicio penal contra un periodista y que para dilucidar este tema esa empresa debe recurrir a un tribunal de imprenta o de ética, ambos reconocidos por la CPE.
También se menciona que en los últimos años el Gobierno ha desarrollado una campaña para controlar, amedrentar y cooptar a los medios de comunicación.
“Los abajo firmantes declaramos nuestro respaldo al periodista Raúl Peñaranda, exigimos que sea suspendido cualquier inicio de proceso penal en su contra y expresamos nuestra preocupación por este atentado contra la libertad de expresión, piedra angular de la vigencia de la democracia” dice una parte del comunicado.
El texto agrega que “creemos que éste no es solamente un ataque contra el periodista mencionado, sino contra el derecho de la ciudadanía a informarse y ejercer control social y transparentar la administración de los bienes públicos como estipula el artículo 242.4 de la Constitución”.
La nota periodística de Brújula Digital que dio origen al problema señala que la Resolución Ministerial No 021 B/2013 establece que toda empresa de seguridad debe tener una licencia de funcionamiento para poder ser contratada y que ese requisito es omitido por las licitaciones de ENTEL.
La empresa telefónica no ha respondido todavía las consultas de ningún medio de comunicación.
@brjula.digital.bo