El MAS activó 14 leyes y obligó al BCB acatarlas en contra de su norma para financiar al sector público

Brújula Digital|15|01|20|

El prolongado gobierno del MAS promulgó 14 leyes y obligó al Banco Central de Bolivia (BCB) acatarlas para financiar a las empresas públicas, contra toda la prohibición normativa, y no satisfecho con aquello creó el Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro) para disponer de más recursos de las reservas internacionales.

“14 leyes del Presupuesto General del Estado y otras leyes modificatorias del presupuesto o especiales en particular exceptúan al Banco Central de acatar esta prohibición de financiar al sector público”, sostuvo el miércoles el presidente del BCB, Guillermo Aponte, en un primer encuentro con periodistas desde su posesión en diciembre pasado.

Recordó que la Ley N°1670 (1995) del BCB, en su artículo 22, le prohíbe otorgar créditos al sector público y excepcionalmente podrá hacerlo a favor del Tesoro General del Estado, con voto favorable de dos tercios de los miembros presentes de su Directorio, solo para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas o atender necesidades transitorias de liquidez, dentro de los límites del programa monetario, pero no así a empresas públicas o de otra índole.

Pese a la norma vigente desde 1995, según Aponte, en el Presupuesto General del Estado de 2009, se autorizó al BCB a otorgar un crédito extraordinario de 1.000 millones de dólares a favor de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en condiciones concesionales, con el único fin de financiar proyectos de inversión en el sector de hidrocarburos, en el marco de la seguridad energética.

No obstante aquello, continuó Aponte, la Asamblea Legislativa aprobó en 2012 la Ley de Creación del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), que nació con un presupuesto de 1.200 millones de dólares, provenientes de un crédito emitido por el BCB, con recursos de las reservas internacionales netas.

También, prosiguió, para el Finpro se creó un fideicomiso con una duración de 30 años renovables y con un monto de 600 millones de dólares, provenientes de las Reservas Internacionales.

Además, según Aponte, la Ley de PGE 2011, en su artículo 10 exige al BCB inversión de las reservas internacionales. “Se autoriza al Banco Central de Bolivia a efectuar inversión de hasta un tercio de las Reservas Internacionales, excluido el oro, en títulos valor emitidos por las Empresas Publicas Productivas de Sectores Estratégicos y aquellas donde el Estado Plurinacional tenga mayoría accionaria”.

Según información del BCB, hasta la fecha las empresas estatales solicitaron 59.000 millones de bolivianos en créditos al ente emisor, de cuyo monto se desembolsaron 40.000 millones de bolivianos y se pagaron 3.000 millones de bolivianos, lo que deja un saldo por recuperar para el BCB de 37.000 millones de bolivianos.