Evo no nacionalizó completamente Entel y salvó a su exministro Coca de un proceso penal por corrupción

Brújula Digital|14|01|20|

El 1 de mayo de 2008, el entonces presidente Evo Morales aseguró que “hoy nacionalizamos Entel, a partir de hoy Entel vuelve a manos del pueblo boliviano” a través del Decreto Supremo N° 29544. Once años después, un exministro de Morales, Óscar Coca, reveló que Entel es una compañía privada y que él no puede ser procesado penalmente.

“En el caso de la denuncia, los delitos no corresponden porque Entel es una sociedad anónima. El licenciado Coca, como exgerente general, no es un exfuncionario público, es un exempleado regulado por la Ley General del Trabajo”, sostuvo el lunes la abogada Claudia Ascarrunz, quien defiende al exministro de Obras Públicas y exgerente de Entel, Óscar Coca, ahora refugiado en Argentina, según reporte de Página Siete.

Ascarrunz explicó que si bien el accionista mayoritario de Entel es el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, la empresa no recibe recursos del Tesoro General del Estado ni es incluido en el Presupuesto General del Estado (PGE), sino que funciona como una empresa con características de privada.

El ex gerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Oscar Coca, observó ante el Fiscal Anticorrupción de La Paz, que Entel no es una empresa pública sino privada y no está alcanzada por la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Con ese argumento pidió a la Fiscalía rechazar la denuncia en su contra planteada por el actual gobierno.

Coca fue denunciado por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y uso indebido de influencias por presunto daño económico de 1.700 millones de bolivianos al Estado, durante el gobierno de Morales. Según Ascarrunz la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz no toca a su defendido.

La defensora de Coca agregó que los contratos por los cuales se denuncia a su defendido datan de gestiones anteriores a la designación del exgerente de la telefónica del Estado.

“El contrato de tráfico internacional de internet por el que se lo denuncia data de 2006, mientras que el contrato de los equipos que presuntamente se habrían adquirido por 12 millones de dólares y que no aparecen datan de la gestión de un gerente anterior a la de Óscar Coca, y esos equipos están en un almacén en El Alto hace años, porque Entel no los recibió al no contar con los requerimientos técnicos”, indicó.

Por lo tanto, al no ser una empresa estatal, Entel S.A. no puede ser regulada por la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. A través de sus abogados, Coca aseguró que Entel se rige bajo el Código de Comercio y es una sociedad de acciones en las que el Estado es socio mayoritario de la empresa por defecto del decreto de la nacionalización.

La misma estrategia en YPFB

La misma estrategia jurídica utilizaron dirigentes sindicales de YPFB en Santa Cruz donde fueron denunciados por uso indebido de bienes del Estado y para eludir medidas cautelares argumentaron que YPFB es una sociedad anónima y no una empresa del Estado porque así está  inscrita en Fundempresa, según reporte de Erbol.

El juez que atendió dio razón en primera instancia a los dirigentes sindicales, quienes sin embargo perdieron en la fase de apelación donde la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, YPFB y el Viceministerio de Transparencia aseguraron que el certificado de Fundempresa tiene un valor probatorio “formal”.

Los vocales de la Sala Penal de Santa Cruz aseguraron que el certificado de Fundempresa  no puede estar por encima de un Decreto Supremo que dispone la nacionalización y la transferencia de las acciones de la empresa británica.

El argumento de la Fiscalía y del Viceministerio de Transparencia coincide en afirmar que si bien los ejecutivos y trabajadores de YPFB no son funcionarios según lo establece el Estatuto del Funcionario Público y la Ley 1178, el amparo del Art. 61, II de la Ley 466, prevé que estos servidores pueden incurrir en delitos de corrupción insertos en la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción. El Auto de Vista favoreció al Estado y los dirigentes sindicales fueron reencauzados al proceso por delitos de corrupción pública.