Jueces cruceños se declaran en emergencia, ven intimidación en proceso contra Nallar

Brújula Digital|22|05|24|

La Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz (Amagisc) se declaró en emergencia luego de expresar su enérgico rechazo y denunciar una “intimidación” al Tribunal Séptimo de Sentencia que ayer iba a dictar un fallo en el pedido de cese de detención preventiva de Misael Nallar, principal sindicado por el asesinato de tres policías.

Según una relación de hechos, el citado tribunal iba a dictar un fallo la tarde de ayer, pero en el lugar se dio la presencia de casi medio centenar de efectivos policiales, lo que llamó la atención y fue interpretado por los administradores de justicia como una “intimidación”.

“Esta clara intimidación fue seguida por la difusión de mandamientos de aprehensión cuya veracidad aún se desconoce, pero que ya han generado zozobra y amedrentamiento psicológico contra los jueces Yanet Noemy Paniagua Villa, Freddy Coronel Alacoma y Claret Llanos Martínez, sin justificación alguna”, se lee en un pronunciamiento emitido por la Amagisc.

La tarde de ayer, se difundió un documento, presuntamente oficial, respecto a la orden de aprehensión citada por la Amagisc. No obstante, el Ministerio Público señaló que era falso.

Los magistrados y jueces cruceños advirtieron que “es imperativo” que las autoridades competentes en este caso “brinden las garantías necesarias para la independencia judicial”, con el objetivo de que los jueces realicen su labor con autonomía y sin interferencias indebidas.

Por su lado, Jorge Tamayo, abogado de Nallar, aseguró que la presencia policial en el tribunal, que obligó a suspender la audiencia de su defendido, se realizó por el temor que hay ante la posibilidad de que el procesado obtenga su libertad.

Tamayo expresó su esperanza de que en la audiencia, reprogramada para este jueves, las autoridades judiciales tomen su decisión sin presión alguna.

Nallar es el principal acusado en el caso abierto por el asesinato de los sargentos Eustaquio Olano y Alfonzo Chávez Flores y el voluntario José David Candia Orozco, en Porongo, departamento de Santa Cruz, en junio de 2022.

BD/JJC/JA