|OPINIÓN|DS 4732: El lobo disfrazado de “protector del consumidor”|Agustín Zambrana|

Brújula Digital|17|05|24|

Agustín Zambrana

El Decreto Supremo 4732, promulgado el 1 de junio de 2022, pretende regular y prevenir cláusulas abusivas y prácticas comerciales injustas en contratos relacionados con la venta de bienes inmuebles en Bolivia. Aunque la intención del decreto es supuestamente “proteger a los consumidores”, en un contexto de Gobierno con un historial de abuso de poder y funcionarios propensos a la extorsión, esta normativa plantea preocupaciones serias sobre la libertad ciudadana de disposición y allana el camino a un nuevo bolsón de corrupción.

Este decreto 4732 introduce una serie de requisitos burocráticos que complican innecesariamente las transacciones inmobiliarias. La necesidad de certificaciones y autorizaciones municipales aumenta la carga burocrática y crea un entorno donde la corrupción va a prosperar. Los funcionarios usarán su poder para retrasar o bloquear trámites hasta recibir sobornos, exacerbando un problema ya existente en Bolivia.

Además, la intervención gubernamental en transacciones privadas abre la puerta a manipulaciones y extorsiones. La prohibición de modificar unilateralmente el precio de venta y las sanciones por incumplimiento de los términos del contrato, aunque los gobernantes señalan que son “bien intencionadas”, sabemos que estas serán explotadas por funcionarios corruptos para imponer multas injustas y exigir pagos ilegítimos. Esto crea incertidumbre jurídica y convierte las transacciones inmobiliarias en un terreno fértil para la corrupción.

La capacidad de los consumidores para presentar denuncias por incumplimiento quieren mostrarla  como una medida de protección, pero en un contexto de alta burocracia y corrupción, esto sabemos que se convertirá en una herramienta de acoso y extorsión. Los propietarios y promotores pueden verse constantemente amenazados por denuncias infundadas, utilizadas como un medio para extorsionar pagos adicionales.

Luego de la victoria temporal con la abrogación del Decreto Supremo 5143, en la que la ciudadanía, organizada por diferentes sectores a lo largo del país, logró que Luis Arce y su gobierno masista retrocedieran ante esta normativa, la vigilancia ciudadana sigue siendo crucial. Esta movilización demostró el poder de una ciudadanía organizada para defender sus derechos y libertades. Sin embargo, la alerta y emergencia continúan debido a otras normativas que hoy atentan contra la libertad ciudadana y, específicamente, contra la propiedad privada.

Para abordar la problemática que plantea el Decreto Supremo 4732, es crucial no enfocarse en aumentar el poder del Gobierno, sino en fortalecer un sistema de justicia imparcial y eficiente. La verdadera solución reside en garantizar que los ciudadanos, al enfrentarse a diferencias o actos irregulares e ilegales, puedan acceder a una justicia proba que sancione en legalidad y justicia, resolviendo estos conflictos en un corto tiempo. Confiar ciegamente en que los gobiernos solucionarán estos problemas debido a una justicia ineficiente y corrupta es una trampa. Esta confianza equivocada en los gobernantes, originada por la desesperación ciudadana, solo fomenta la explotación y el abuso de poder. Debemos aspirar a un sistema judicial robusto y transparente, que brinde confianza a los ciudadanos y asegure que la justicia se administre de manera equitativa y rápida, sin tener que recurrir a una autoridad gubernamental potencialmente corrupta.

Es fundamental que las autoridades bolivianas escuchen las preocupaciones de la ciudadanía y trabajen hacia soluciones que promuevan la transparencia y la justicia, en lugar de perpetuar un sistema corrupto y opresivo. La protección de los derechos de los consumidores no debe convertirse en una excusa para restringir la libertad ciudadana de disposición y fomentar la corrupción. La ciudadanía exige y merece un gobierno que actúe con integridad y en defensa de los intereses de todos los bolivianos, no solo de unos pocos en el poder.