Política | 14/05/2024

Arce abroga el decreto de Derechos Reales tras denunciar desinformación con “fines oscuros”

“Hay un plan de desestabilización que está en marcha para convulsionar el país a partir de este decreto supremo", dijo Arce. Resaltó que la norma buscaba modernizar Derechos Reales y ratificó el respeto del Gobierno a la propiedad privada.

El presidente Luis Arce informa sobre la abrogación del Decreto Supremo. Foto: captura de pantalla

bannercenter
pub_h_mob

Brújula Digital|14|05|24|

Luego de registrarse un rechazo generalizado en la ciudadanía y tras el anuncio de una marcha de gremialistas, el presidente Luis Arce abrogó este martes el Decreto Supremo 5143, de modernización de Derechos Reales. El mandatario denunció que hubo desinformación sobre esta norma con "fines oscuros” y para convulsionar el país.

El Presidente hizo el anuncio de forma sorpresiva, en una conferencia de prensa que ofreció junto al vicepresidente David Choquehuanca, el ministro de Justicia, Iván Lima, y dirigentes del Pacto de Unidad que lo respalda.

El mandatario afirmó que la decisión que tomó lo hizo en atención a las solicitudes de las organizaciones sociales y en una apertura de su Gobierno a las demandas de la ciudadanía.

“En esta amplitud que nos ha caracterizado, como Gobierno nacional, hemos atendido una vez más la solicitud de las organizaciones sociales y hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se esté buscando porque, lo que menos nosotros queremos, es que utilicen este tipo de herramientas para fines políticos y personales”, declaró el Jefe del Estado.

El Presidente advirtió que, con seguridad, se tocaron “intereses que no quieren que se modernice Derechos Reales” y también un elemento que es sensible en la población que es la propiedad privada, elementos que buscan ser utilizados para convulsionar el país.

“Hay un plan de convulsión social para las próximas semanas que está en marcha y que quieren utilizar este y otros temas para llevar a la población algo no deseado”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que tras un análisis realizado, se optó por abrogar esta norma, frente a la desinformación y mala información que se difundió sobre este tema.

“Entendemos también la distorsión que se está dando en la desinformación y sobre todo la manipulación que está teniendo este decreto para estos fines oscuros que la población boliviana no lo merece. Lamentamos que esto haya ido creciendo aceleradamente para distorsionarse y encontrar como si esta medida fuese mala y fuese una medida que vaya en contra de la propiedad privada. La propiedad privada en nuestro gobierno siempre se ha respetado”, declaró.

Arce destacó que el Decreto Supremo 5143 era una norma “buena” que tenía “las mejores intenciones para garantizar la propiedad privada” en el país.

El ministro Lima enfatizó que la propiedad privada está garantizada en Bolivia por la Constitución Política del Estado, que en sus “artículos 56 y 57 no permiten ninguna posibilidad de que ningún decreto supremo” la afecte.

Resaltó que la norma ahora abrogada buscaba precautelar las propiedades de los bolivianos y modernizar Derechos Reales.

El Presidente y su gabinete aprobaron el citado decreto a inicios de abril de este año. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, destacó una serie de características de esta normativa, como la modernización del sistema de registro y trámites en Derechos Reales (DDRR), la interoperabilidad entre al menos cinco instituciones para la verificación de datos, la uniformidad en requisitos para todo el país y la seguridad, entre otros.

No obstante, legisladores de oposición y del ala evista del MAS, además de sectores sociales como los gremialistas, advirtieron que esta norma vulneraba el derecho a la propiedad privada de los bolivianos.

Indicaron que el Gobierno, a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) iba a tener el registro de los ciudadanos y de sus bienes. Agregaron que incluso el Estado podía revertir propiedades.

La semana pasada se presentaron dos recursos de inconstitucionalidad de este decreto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), institución que la aceptó y ordenó la suspensión de su aplicación mientras emita un fallo.

Por su lado, los gremialistas sostuvieron ayer un ampliado nacional en el que exigieron la abrogación de este decreto en 72 horas y anunciaron para este viernes una marcha de protesta.

Nota ampliada

BD/JJC/JA



bannercenter
pub_h_mob


bannercenter
pub_h_mob
pub_med
pub_med
pub_med
pub_med
@brjula.digital.bo
pub_med
pub_med
pub_med
pub_med