Alertan que recursos presentados ante TCP pretenden reconocer competencia de autoprorrogados

Brújula Digital |13|05|24|

Un analista alertó que dos recursos presentados al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pretenden reconocer la competencia de magistrados autoprorrogados. Este Tribunal ya paralizó el viernes la aplicación del DS 5143 de reforma de Derechos Reales y aún no se pronunció sobre el pedido de continuidad del proceso de preselección de candidatos y de fallar en contra, sepultaría el proceso eleccionario hasta el 2026.

“Es un doble riesgo, no sólo porque (estos recursos) les da legitimidad (a los magistrados autoprorrogados), también porque se preguntan a quienes no se lo debería hacer y con autoridades que tienen serios cuestionamientos legales y legítimos en el ámbito de sus funciones, sino, fundamentalmente, en el hecho del fallo”, afirmó el analista político Marcelo Silva a Brújula Digital.

Los magistrados del Poder Judicial concluyeron sus funciones constitucionales el 31 de diciembre. Al frustrase las elecciones judiciales del 2023, las altas autoridades judiciales emitieron una sentencia constitucional por el cual se autoprorrogaron o ampliaron su mandato de seis años de manera indefinida y hasta que se realicen las elecciones judiciales. Este hecho levantó cuestionamientos de su legalidad.

El arcismo presentó, el jueves (9), un memorial al TCP en el que solicita una medida cautelar que permita “continuar con las elecciones judiciales y salvarlas”, paralizadas desde mediados de abril por amparos constitucionales presentados por candidatos inhabilitados.

“Hemos pedido que todas las medidas cautelares, que son cerca de 37 a lo largo y ancho del país que se han interpuesto contra las elecciones judiciales, se acumulen en Sucre (…) Inmediatamente lo sortee y nos otorgue la medida cautelar de continuidad de las elecciones. No queremos afectar a nadie, sino que se resuelva por la vía legal y constitucional”, declaró el jueves el diputado arcista Jerges Mercado.

Para el analista Silva, los magistrados autoprorrogados “son los menos indicados” en pronunciarse por la continuidad o no del proceso de preselección. “El gran problema es que, si el TCP se manifestara en contra las elecciones judiciales, definitivamente, quedarían sin ningún efecto. Ya no habría posibilidad de solucionarlas más allá de establecer una nueva ley, y una nueva convocatoria”.

El TCP ya paralizó el DS 5143

El diputado arcista Juan José Jáuregui presentó al TCP en días pasados una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto en contra del Decreto Supremo 5143 sobre reforma a Derechos Reales.

El evismo, que desconoce la autoridad de los magistrados autoprorrogados desde diciembre de 2023 y pide elecciones judiciales, presentó una acción de inconstitucionalidad contra el DS 5143 a través del diputado evista Santos Mamani, pese a que el miércoles (8), el presidente del Senado, el evista Andrónico Rodríguez, propuso la aprobación de una ley corta para reducir los plazos de los comicios y por el desacato a las resoluciones de “vocales ilegales”.

El jueves (9), el presidente Luis Arce dijo que esperará la determinación del TCP sobre el DS 5143. “Hemos visto que se han presentado algunos recursos (contra el 5143) para que sea el Tribunal Constitucional quien pueda manifestarse al respecto, esperaremos qué dice el Tribunal Constitucional”, dijo a los periodistas.

El TCP admitió el viernes (10) la acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto contra del DS 5143 e instruyó, como medida cautelar, suspender su aplicación, en tanto se emita la sentencia. Una vez notificado el Órgano Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 76 del Código de Procedimiento Constitucional, tiene un plazo de 15 días para apersonarse al TCP y presentar un informe sobre la norma impugnada.

Silva afirmó que elevar una consulta sobre la constitucionalidad o no del DS 5143 fue reconocer la “competencia” de los autoprorrogados que son cuestionados. “Se les está reconociendo competencia al TCP. Podría tranquilamente fallar en que las elecciones no cumplen con los requisitos establecidos para llevarse adelante. En ese sentido, el tema estará resuelto de una vez por todas. No habría vuelta atrás, estaríamos hablando de una resolución del TCP que podría tener un carácter absolutamente definitivo. El riesgo es de doble vía”, dijo.

El ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo dos días antes que pese a cuestionar la prórroga de su mandato, legisladores evistas reconocen la competencia de los magistrados del TCP al recurrir a esa instancia para objetar la constitucionalidad del DS 1543.

“Los senadores y diputados que van a presentar acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (contra el DS 5143), claramente le están mostrando al país que le reconocen su competencia a esas autoridades, quienes tienen que resolver esta situación en el marco de la Constitución”, afirmó Lima en conferencia de prensa.

Temor por judiciales en 2026

El analista Silva expresó su temor porque el TCP emita su fallo contra la continuidad del proceso de preselección de candidatos, pues de ser así significaría volver a foja cero y eso implicaría realizar las elecciones judiciales en 2026 poque en este año ya no alcanzaría el tiempo y tampoco el 2025 porque no se pueden realizar dos comisiones nacionales en una misma gestión.

“Me da la impresión de que el proceso electoral no va a prosperar en la Asamblea Legislativa. El Gobierno, con su bancada, puede obstaculizar los dos tercios que son obligatorios para llevar adelante las elecciones judiciales”, advirtió Silva, quien aseguró que el conflicto también se encuentra en el interior mismo de la Asamblea.

Insistió que, de acuerdo con la Ley del Régimen Electoral, no se pueden llevar adelante dos elecciones nacionales en un mismo año. “Las judiciales no se llevarían a cabo este año y tampoco sería el siguiente”.

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