|OPINIÓN|La ley 144 no resuelve el problema de fondo de la justicia|Waldo Albarracín|

Brújula Digital|08|02|24|

Waldo Albarracín

Haciendo aspavientos, tratando de sacar ganancia política, el presidente Luis Arce promulgó la Ley 144 para realización de elecciones judiciales el presente año. La norma define procedimientos, plazos para la convocatoria, presentación de postulantes o candidatos, selección o depuración de los mismos en la Asamblea Legislativa, subsecuente remisión de los nombres de los seleccionados al Tribunal Supremo Electoral y realización de los comicios para que el Órgano Judicial cuente con nuevos magistrados en los tribunales de máxima jerarquía en Bolivia.

Supuestamente con la promulgación del nuevo instrumento jurídico estaría resuelto el problema de uno de los sistemas más corruptos y delictivos que impera de Latinoamérica, el cual precisamente es patrimonio de los bolivianos y no se vislumbra una solución a mediano plazo. En el escenario competitivo del continente, si en algo llevamos la vanguardia y ocupamos por décadas el primer lugar, es justamente en la forma de administrar justica. Este antecedente es ignorado deliberadamente por los gobernantes y la sociedad política en general, porque son los principales responsables.

Lo que el Gobierno cree haber resuelto, por lo menos parcialmente, es el impase que se le presentó con la autoprórroga de los magistrados que integran el Tribunal Constitucional y el fenecimiento del mandato de quienes integraban tribunales de máxima jerarquía en el Órgano Judicial, digo parcialmente porque subsiste una gran problema pendiente y se refiere precisamente a la continuidad de estas personas en el cargo, en franca violación de la Constitución Política del Estado, viciando de nulidad todos sus actos jurisdiccionales debido al fenecimiento de su mandato.

La ciudadanía está convencida que legalmente es inadmisible que los magistrados de dichos tribunales continúen ejerciendo el cargo, se estaría sentando un pésimo antecedente para el Estado de Derecho y llama la atención que, más allá del interés del gobierno de seguir ejerciendo un control fáctico sobre todo el Órgano Judicial y específicamente sobre el Tribunal Constitucional, no exista un mínimo de decoro en los integrantes de estas instituciones que después de tanta crítica pública no hayan tomado la decisión personal de renunciar voluntariamente, por lo menos para no quedar con semejante mancha que los puede afectar durante su carrera profesional. Parece que el cinismo y el “cuero de anta” no les permite percibir el problema. ¿Será tan grande la ganancia económica que no les importa esa interpelación ciudadana? 

Si los acuerdos establecidos entre las organizaciones políticas con representación parlamentaria, además de la programación de elecciones judiciales, contemplaban el cese de las actuaciones de los magistrados, el gobierno no puede burlar este pacto, porque estaríamos volviendo a fojas cero. Al país no le interesan elecciones similares a las realizadas el 2011 y el 2017 y todavía con magistrados prorrogados.

Si realmente se quiere cambiar el rostro de la justicia en Bolivia, los acuerdos en la Asamblea Legislativa deben estar a la altura de las demandas del pueblo boliviano, ergo deben ser históricas. Para comprender esta necesidad, recomendaría a mis compatriotas asambleístas oficialistas y opositores, pararse por una hora en una zona céntrica de cualquier ciudad de Bolivia y preguntar la opinión de las personas que pasen si creen en la justicia boliviana. Estoy seguro que de 100 ciudadanos consultados, 101 les dirán que “no”. También formulen una segunda pregunta, ¿creen en los políticos? y el “no” se repetirá en la misma dimensión. Es este criterio el que debe generar un comportamiento distinto en nuestra sociedad política, autocrítico y reflexivo, para que sean ellos los impulsores de un nuevo sistema de justicia en el país. Ante este imperativo categórico, si no es posible cambiar la CPE, tomando en cuenta que el único procedimiento válido sigue siendo las elecciones de magistrados a través de las urnas y siendo urgente la cesación inmediata de los inconstitucionalmente prorrogados, me atrevo a sugerir las siguientes alternativas:

1.- Acortamiento de los plazos para la convocatoria, depuración y elección de candidatos.

2.- A efecto de evitar que los candidatos perdedores no sean catapultados en el cargo, pese a su derrota, como aconteció en las elecciones de 2011 y 2017, establecer en la ley que sólo serán declarados ganadores aquellos candidatos que obtengan mayoría de votos, incluso superando a los votos blancos.

3.- Siendo importante evitar que sólo sean seleccionados candidatos afines al MAS, tal cual sucedió en los dos anteriores casos, generar los mecanismos de control necesarios, para garantizar que los juristas más connotados del país puedan ser tomados en cuenta en el proceso de selección previa. La población rechazó con su voto a los candidatos afines a una tienda política en las anteriores elecciones. Estoy seguro que si figuran en la lista de candidatos los profesionales más idóneos, recibirán el respaldo ciudadano en las urnas.

4.- Las entidades de la sociedad civil deberán movilizarse para ejercer el derecho constitucional al control ciudadano, con el fin de evitar la manipulación política desde instancias de poder. Bajo esta consigna pueden organizarse con la finalidad de promover la postulación de juristas prestigiosos, sólo éstos podrán forjar un nuevo sistema de administración de justicia, dando una nueva línea de comportamiento hacia toda la estructura de este órgano de poder, precisamente para promover su real independencia.

5.- La oposición parlamentaria debe actuar con firmeza exigiendo el cese inmediato de los que cumplieron su mandato. Un corto período de tiempo sin magistrados es un daño menor a tenerlos prolongados viciando de nulidad sus actos. 

Waldo Albarracín fue defensor del Pueblo y rector de la UMSA.