Juristas ven que los juicios abreviados son “una forma de tortura” y “una guillotina de los derechos humanos”

Sumando Voces|19|01|24

Mery Vaca

Tras la liberación del exdirigente cocalero de Yungas César Apaza, previa autoinculpación en un juicio abreviado, diversos juristas afirmaron que este mecanismo es una forma de tortura y una guillotina de los derechos humanos, que se aplica cada vez con más frecuencia en Bolivia sobre todo contra los presos políticos.

La abogada y periodista Gabriela Ichaso dijo que “el abreviado es la guillotina a todos los derechos y garantías a la defensa y la protección de la integridad y la dignidad. Es la elección obligada a cambio de la vida”.

Agregó que el juicio abreviado, en estas circunstancias, “es la única vía posible a la libertad cuando un imputado es encarcelado sine die (sin plazo, sin fecha), sin garantías de presunción de inocencia hasta que lo contrario lo dicte una sentencia condenatoria ejecutoriada”.

En los últimos meses, al menos cinco cocaleros de los Yungas acusados de la destrucción del mercado ilegal de coca de Villa El Carmen, se declararon culpables para obtener su libertad en juicios abreviados.

Además de César Apaza, se acogieron a esa figura el exdirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Freddy Machicado, y los cocaleros Gonzalo Lupaca, Omar Pino y Porfirio Rivero. Entre tanto, el cocalero Raúl Uría también denunció haber recibido presiones para autoinculparse a cambio de su libertad.

En el caso Golpe I, se declararon culpables para obtener su libertad dos exministros del gobierno de Jeanine Añez y cuatro exjefes militares. Se trata de los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, y de los exjefes castrenses Pastor Mendieta, Jorge Terceros, Palmiro Jarjury y Flavio Arce.

En todos los casos, los acusados si bien se declararon culpables ante los jueces, dijeron públicamente que son inocentes y que recurrieron al juicio abreviado porque era la única manera de obtener su libertad y cesar la vulneración de sus derechos.

En el caso de Apaza la situación fue más dramática aún, porque estando preso sufrió una embolia que paralizó una parte de su cuerpo y lo dejó en grave estado de salud.

Tras la liberación de Apaza, el abogado especialista en derechos humanos, Franco Albarracín, dijo que “existe un patrón ejecutado por el Gobierno en contra de los perseguidos políticos. Primero, los detienen de manera violenta, para luego someterlos a procesos arbitrarios y abusivos”.

Agregó que “en ese contexto de desolación y miseria, los obligan a comprar su libertad a través del procedimiento abreviado. Esta medida se ha convertido en una forma de tortura. Ante la humillación e injusticia vivida, la víctima acepta el abreviado para recuperar su libertad y dignidad”.

El abogado dijo que César Apaza es inocente, fue víctima de torturas y graves violaciones a sus derechos humanos. También señaló que “a pesar de haberse sometido a un proceso injusto, el líder cocalero aún puede acudir a instancias internacionales para denunciar las graves vulneraciones cometidas por el Estado”.

Finalmente, indicó que “la CIDH tiene una cuota de responsabilidad ante la falta de acción por las torturas cometidas contra el cocalero”. Hace poco, la CIDH se negó a otorgarle medidas cautelares.

El abogado y periodista Andrés Gómez, citando a la filósofa Hanna Arendt, dijo que “la tortura, la violencia, los jueces y fiscales de un gobierno autoritario pueden atentar contra la verdad, pero no reempazarla”. Escribió en su cuenta X que César Apaza es inocente y que “el gobierno de Arce lo torturó durante 482 días para obligarle a admitir un delito que no cometió”.

La senadora de Comunidad Ciudadana Cecilia Requena indicó que “Bolivia, durante el régimen del MAS, ha normalizado prácticas propias de dictaduras brutales y oscuras: La autoinculpación a punta de tortura prolongada y de otras formas de violencia estatal, incluyendo la falta de cualquier esperanza de que se haga justicia”.

Respecto al tema de fondo, que es la destrucción del mercado de Villa El Carmen, por el que estaban acusados Apaza y otros cocaleros, el mismo gobierno admitió en 2023 que ese mercado era ilegal.