|OPINIÓN| A 43 años de una masacre |Waldo Albarracín|

La lucha por la democracia tiene su precio y muchas veces se llega a pagar hasta con la vida. Eso aconteció con 8 compatriotas el 15 de enero de 1981, cuando paramilitares al servicio de la dictadura militar de Luís García Meza y Luís Arce Gómez, irrumpieron en un domicilio particular en la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz, donde se reunía la Dirección Nacional del MIR para asesinar a quienes participaban de dicha reunión. Las víctimas de este crimen de lesa humanidad se mantienen presentes en el corazón y la memoria del pueblo boliviano.

Si bien a través del Juicio de Responsabilidades contra los referidos dictadores se evitó que el hecho quede en la impunidad, a través de una sentencia condenatoria dictada por la Corte Suprema de Justicia en el año 1993 y el subsecuente encarcelamiento de los autores materiales e intelectuales de los hechos delictivos, no es menos cierto que, se trata de pérdidas irreparables porque estamos hablando de compatriotas entregados a una causa altruista, las defensa de la democracia, acción  que fue reprimida de manera tan inhumana por la mentalidad y proceder fascistoide de quienes ejercían el poder de forma fáctica, antidemocrática e inspirados en el afán de enriquecimiento ilícito a través del narcotráfico.

Artemio Camargo Crespo, José Reyes Carvajal, Ramiro Velasco Arce, Gonzalo Barrón Rondón, Ricardo Navarro Mogro, Arcil Menacho Loayza, Jorge Baldivieso Menacho y José Luís Suárez Guzmán, si bien eran militantes de una determinada organización política, hoy forman parte de ese ejército de militantes por la vida, la libertad, la democracia y la justicia, valores que con el tiempo en lugar de ser preservados por las diferentes gestiones gubernamentales posteriores a la dictadura de García Meza y  Arce Gómez, continuaron siendo menospreciados y conculcados, especialmente con la llegada al poder de los regímenes de gobierno del MAS, escenario en el cual se invirtieron radicalmente los principios por los que lucharon las víctimas de la calle Harrington.

Da la casualidad que tanto en la dictadura genocida donde se produjo la masacre, como en los gobiernos del MAS, sobresale la presencia de un protagonista imposible de ignorar, el narcotráfico, que se apodera del Estado y las principales instancias de decisión, incluso define qué protagonistas políticos deben seguir viviendo o quienes deben morir, como es el caso del candidato a la presidencia del Ecuador. También En Bolivia en esos tiempos decidió la desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz o Noel Kemp Mercado, antecedentes que evidencian la vigencia de la regla de que, cuando el narcotráfico da una sentencia de muerte, los políticos se someten y no cuestionan.

Es doloroso asumir que, a 43 años de este acontecimiento luctuoso tipificado penalmente como un crimen de lesa humanidad, el país no haya experimentado un serio proceso evolutivo, por el contrario se advierte una frustrante involución democrática, al haberse prácticamente extinguido el Estado de Derecho y observarse con indignación el control absoluto que ejerce el gobierno sobre las decisiones del Órgano Judicial (especialmente del Tribunal Constitucional), la Asamblea Legislativa (Congreso), el Órgano Electoral, el Ministerio Público (Fiscalía), Contraloría General, incluso la Defensoría del Pueblo que en otros tiempos hacía gala de su independencia. Control total del gobierno sobre todo el Estado, exactamente como en la dictadura militar que protagonizó estos atropellos.

Recuerdo que hasta hace unos años, en esta fecha solíamos reunirnos en la Av. del Poeta de la ciudad de La Paz, para rendir homenaje a nuestros héroes, hoy la persecución política a muchos nos impide acudir a este acto. Sin embargo, desde el lugar donde nos encontramos, reafirmamos el compromiso patriótico de seguir luchando para restituir la democracia en Bolivia, como la forma más leal y sincera de decirles a ellos que su lucha no fue en vano y siguen presentes.