|ANÁLISIS|Credibilidad del TJCA, amenazada|Javier Viscarra|

Brújula Digital |05|11|23|

Javier Viscarra

A pesar de los altibajos, la participación de Bolivia en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se considera en general positiva para el país. Sin embargo, estamos enfrentando una etapa riesgosa para el organismo, ya que el prestigioso entramado jurídico que la sostiene, con un fortalecido derecho comunitario, puede verse amenazado con la próxima posesión de Rogelio Mayta como nuevo magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA).

El aún canciller boliviano ha superado dos obstáculos para unirse al grupo de cuatro jueces andinos. El primero se relaciona con la evidente falta de atención a lo establecido en el artículo 146 del Código Penal de Bolivia (uso indebido de influencias), ya que su contenido parece ajustarse al caso, especialmente en lo concerniente a delitos cometidos por funcionarios públicos.

El texto del mencionado artículo establece: “El funcionario público o autoridad que, directa o indirectamente, y abusando de las funciones que ejerce o empleando indebidamente las influencias derivadas de las mismas, obtenga ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con presidio de dos a ocho años…”

En este punto, no se puede argumentar que Mayta está representando a Bolivia en su calidad de canciller. Su designación tiene un carácter y beneficio personal; así lo indica la carta que recibió de la CAN el pasado 16 de octubre.

Como funcionario público, Mayta aprovechó todo el aparato gubernamental para influir en su postulación al Tribunal. Incluso, la cancillería boliviana desplazó al embajador boliviano en Venezuela, Sebastián Michel, como lobista para respaldar la designación. Michel y la embajadora de Bolivia en Ecuador, Segundina Flores Solamayo, jugaron un papel activo en el proceso de presión en Quito, sede del organismo.

La designación de magistrados del TJCA está destinada a personas que cumplan con los requisitos necesarios para ser jueces y aunque son propuestos por cada uno de los países andinos, su nominación está vinculada a sus méritos profesionales.

El segundo obstáculo para Mayta fue la silenciosa pero firme resistencia entre los representantes de los otros tres países que conforman el organismo de integración subregional.

Esta predisposición no es una aversión contra Mayta ni algo similar; es el resultado de una serie de eventos, denuncias, acusaciones y demandas penales que surgieron tras conocerse la sentencia del TJCA en el caso de la demanda interpuesta por Perú contra Bolivia, por la venta de combustibles a precios diferenciados para transportistas peruanos, ecuatorianos y colombianos.

Por este caso, Bolivia recusó el 21 de agosto al juez boliviano Gustavo García Brito, con una amplia trayectoria en la CAN, pero el 13 de septiembre, el tribunal resolvió el incidente rechazando la recusación.

Posteriormente, por orden directa del Canciller Mayta, se iniciaron procesos penales contra la excanciller Karen Longaric, el aún juez del TJCA por Bolivia, García Brito, y los suplentes, supuestamente por sus malas designaciones en ese órgano jurisdiccional.

A García Brito se lo calificó de “traidor a la patria” debido a que la sentencia en contra de Bolivia fue firmada por él en su calidad de juez. Sin embargo, su fallo estuvo en línea con el interés y el derecho comunitario.

En este sentido, la comprensión de algunas autoridades bolivianas sobre la actuación de García Brito estaba sesgada por la idea errónea de que, al ser boliviano, debía proteger los intereses del país. Si esa fuera la línea, nos encontraríamos ante un Tribunal cuyos jueces ya no velarían por el derecho comunitario, sino por los intereses de sus países de origen.

La demanda peruana

El 29 de octubre de 2020, Perú demandó a Bolivia porque sus transportistas estaban obligados a comprar combustible en Bolivia a un precio significativamente superior al que pagaban los conductores bolivianos, en una clara discriminación y violación del denominado trato nacional, que implica dar a los miembros de la Comunidad Andina el mismo trato que a los conductores nacionales.

Según la normativa andina, Bolivia violó normas de transporte internacional de pasajeros por carretera, de transporte internacional de mercancías por carretera y la libre competencia en la comunidad.

El 17 de julio de 2023, el TJCA emitió sentencia en favor de Perú y otorgó un plazo de 90 días para que Bolivia rectificara su conducta, término que se cumplió el pasado 25 de octubre.

Obviamente, Bolivia aún no ha modificado su conducta y será muy complicado que lo haga, ya que, aunque el gobierno lo niegue, el país enfrenta una severa crisis de combustibles.

Recursos ante el TJCA

Antes de cumplirse el plazo del 25 de octubre, la cancillería boliviana presentó un recurso de aclaración y ampliación, que fue criticado expresamente dentro del tribunal, ya que se construyó como un recurso de apelación, lo cual no está permitido según la normativa vigente. Este error refleja la falta de profesionalismo en los funcionarios de la actual cancillería boliviana.

Esta deficiente actuación judicial fue rechazada por el tribunal andino, y el pasado 17 de octubre se decidió mantener invariable el plazo de la sentencia para que Bolivia modifique su política de venta de combustibles.

Asimismo, antes de que venza el plazo para cumplir con la sentencia y el TJCA solicite de oficio un informe al país sobre un posible incumplimiento, Bolivia se adelantó y remitió un informe que seguramente explica las razones del incumplimiento, documento que por ahora es confidencial.

Los magistrados andinos están analizando este informe, para luego transmitirlo a las partes interesadas, en este caso, Perú, pero también a Ecuador y Colombia.

Si los países rechazan el informe boliviano, el TJCA podría colocar al país en una situación de “desacato” y considerar otras medidas, como sanciones e incluso multas.

Las sanciones pueden establecer determinados aranceles para algunos productos que Bolivia exporta a la CAN, como la soya u otros, lo que sin duda agitaría las aguas empresariales y políticas en Bolivia.

Mayta en el tribunal

Rogelio Mayta, quien aún mantiene en vilo su renuncia al alto cargo que ocupa, llegará al TJCA en un momento delicado para el caso Perú contra Bolivia.

La fecha de posesión de Mayta aún no se ha fijado y ya han pasado tres semanas en las que el nuevo juez podría haber asumido su cargo, decisión que solo depende del interesado. Esta prolongada espera está causando inquietud entre los miembros del TJCA, sobre todo después de toda la presión ejercida para su aceptación.

El principal desafío para el nuevo magistrado boliviano en el futuro ejercicio de su cargo radica en saber si defenderá los intereses de Bolivia o si comprenderá que su judicatura debe estar alineada con la defensa de los intereses de la comunidad andina. Con seguridad, estará bajo la mirada escrutadora de todos aquellos que creen en la seriedad de este tribunal.

El aún canciller boliviano llegará también con el antecedente nada halagador de haber destruido la institucionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia al retirar a casi la totalidad de los diplomáticos de carrera, lo que ha repercutido en la más errática administración diplomática de la que se tenga registro histórico. Es posible que los defensores de la CAN aguarden con preocupación y hasta temor que esa conducta del nuevo juez se repita y erosione la institucionalidad del TJCA.

Javier Viscarra es periodista, abogado y diplomático.