OPINIÓN | Erradicación de la coca y control del narcotráfico | Rolando Morales |

Brújula Digital |24|10|23|

Rolando Morales Anaya

Sugiero apoyar la iniciativa del presidente Petro de Colombia de modificar la política de control del narcotráfico actuando sobre la oferta y la demanda simultáneamente. En una primera parte de este artículo, explico el estado de situación de la producción de coca y del narcotráfico, mientras que en la segunda expongo mi sugerencia.

Miles de campesinos invierten muchas horas de trabajo para sembrar coca y cuidar las plantitas. Cuando éstas alcanzan una altura de 80 centímetros, vienen las fuerzas militares a arrancarlas invirtiendo también miles de horas de trabajo. Posteriormente, los campesinos deciden migrar sus cultivos un poco más lejos y recomienza el ciclo de cultivo y erradicación. En este proceso, Bolivia pierde 120 millones de horas de trabajo de los campesinos y algunos millones de los militares y condena a miles de hectáreas a la deforestación. Los 55 mil campesinos dedicados a este cultivo producen 50 mil toneladas que las venden a un precio de alrededor de 8000 $US, logrando un ingreso promedio anual de 7273 $US, una suma pequeña frente a lo que podrían ganar en otros trabajos y frente a los daños que causan a la naturaleza. Suponiendo que es cierta la información proveniente de la Oficina de la política nacional para el control de drogas de Estados Unidos de que Bolivia produjo 317 toneladas de cocaína en el año 2021, se puede estimar en 634 millones de dólares el valor anual bruto de esta producción, es decir, el 1.4 % del PIB. Nuevamente, vale la pena señalar que es un valor pequeño frente a los problemas que acarrea su producción.

Estados Unidos, el país que más dispone de los instrumentos, infraestructura, equipos y personal para controlar el tránsito de personas y objetos a través de sus fronteras, deja entrar a su territorio miles de toneladas cada año con la presunta complicidad de algunas autoridades y la tolerancia de sus mandos superiores. 

Paralelamente a la condescendencia o ineficiencia que muestran con este tráfico al interior de sus fronteras, el gobierno americano pide a los países andinos realizar trabajos sucios fuera de sus fronteras: erradicación de cultivos, represión a campesinos usando la violencia física, persecución de delincuentes y narcotraficantes, etc. El poder del dinero de la demanda de drogas desde los Estados Unidos corrompe gobiernos, la policía y la justicia. 

Después de decenas de años de aplicar la estrategia actual de control del narcotráfico, el resultado es dramático: la demanda de droga en Estados Unidos sigue creciendo mientras sus autoridades hacen poco para contenerla; entre tanto, la política de represión al exterior de sus fronteras genera mucha violencia: América Latina pone los muertos, mientras que Estados Unidos muestra negligencia para controlar el tráfico y el consumo de estupefacientes en su territorio.

El presidente Petro de Colombia propone que los países andinos se pongan de acuerdo en una estrategia común para hacer frente a este problema con dos componentes. La primera es convenir con Estados Unidos y los otros países consumidores de drogas para que ejerzan un control eficiente del consumo y del narcotráfico al interior de sus territorios buscando disminuir la demanda de drogas dirigida hacia América Latina canalizada a través de los circuitos del crimen. Si es necesario, habría que conformar una comisión internacional permanente para controlar el cumplimiento de ese compromiso. La segunda concierne al mejoramiento de la eficiencia del control del narcotráfico y de la corrupción en todos los países involucrados.

En la cumbre que convocó el presidente Petro hace 2 meses, la posición de Bolivia, transmitida por el canciller Rogelio Mayta, fue la de pedir la descriminalización de la hoja de coca. Por supuesto que eso no es suficiente. Bolivia debe manifestar públicamente su deseo de participar en un acuerdo continental, junto con Colombia, Perú y, posiblemente, México y Ecuador para definir una posición común con relación a las tareas que deben realizar los países consumidores de drogas.