Política | 19/10/2023

En arremetida judicial por paro cruceño, aprehenden a un cívico e imputan a 4 líderes

A un año de la protesta cruceña para que el censo se realice en 2023, este jueves se aprehendió a Mario Rodríguez, cívico de Puerto Quijarro, y se imputó a otros cuatro líderes de Santa Cruz

Una mujer se lanza al suelo para evitar la salida del vehículo en el que estaba el cívico Mario Rodríguez. Fioto; Caotura video NPM

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Brújula Digital |19|10|23|

A un año de haberse realizado el paro cívico cruceño por el censo, que duró 36 días, la Justicia inició este jueves una arremetida en contra de representantes regionales; aprehendió a Mario Rodríguez Ojopi, cívico de Puerto Quijarro, e imputó a los líderes Rómulo Calvo, Vicente Cuéllar, Reinerio Vargas y José Luis Santistevan.

La tarde de este jueves, se dio la sorpresiva aprehensión de Rodríguez en Puerto Quijarro, quien tiene una acusación por la muerte de Julio Taborga, el 16 de octubre de 2022, durante el primer día del paro indefinido cruceño para exigir que el Censo Nacional de Población y Vivienda se lleve a cabo en 2023 y no en 2024, como había previsto el Gobierno.

Reportes periodísticos señalaron que la aprehensión de Rodríguez se dio por una orden de apremio emitida por el fiscal Freddy Durán, por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, instigación pública a delinquir y apología del delito.

La muerte de Taborga tuvo lugar en un incidente que se registró con protagonistas de un bloqueo de caminos en Puerto Quijarro.

Rodríguez fue trasladado a la ciudad de Santa Cruz, frente a una débil protesta de personas en Puerto Quijarro que se oponían a la aprehensión, para que enfrente el proceso judicial en su contra.

En horas de la mañana de este jueves, se informó que Calvo, Cuéllar, Vargas y Santistevan habían sido imputados por el paro de 36 días en Santa Cruz.

“Fuimos imputados a solicitud de la Viceministra de Transparencia (Susana Ríos) y del comité político del MAS (Movimiento Al Socialismo). Esta notificación, hecha por el fiscal, no tiene ningún sustento legal, se basa en la denuncia de un representante de la COR El Alto (Central Obrera Regional) y adhesiones del Comité Político del MAS, por tanto, es un pedido político”, explicó Cuéllar en rueda de prensa, quien estuvo acompañado por los otros imputados.

La denuncia del caso fue interpuesta por el dirigente de la COR de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, el 11 de noviembre de 2022; en abril de este año el Ministerio Público presentó la imputación contra el Gobernador cruceño y ésta se amplió contra otros miembros del Comité Impulsor del Censo: Calvo (entonces presidente cívico), } Vargas (vicerrector de la UAGRM) y José Luis Santistevan (abogado constitucionalista), además de Cuéllar (rector de la UAGRM).

Cuéllar manifestó que con esta imputación se suman a la lista de “perseguidos políticos porque no hay un indicio de que los imputados hubiéramos cometido delitos. Además, nos llama la atención de que la acusación es para todos, no hay individualización”, acotó.

BD/JJC


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