ANÁLISIS| A cinco años del fallo de La Haya | Javier Viscarra |

Brújula Digital |07|10|23|

Javier Viscarra

Volemos unos instantes al 1 de octubre de 2018, hasta aquel sitio que el protocolo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya había destinado al equipo boliviano para sus reuniones de antes y después del fallo por nuestra demanda marítima contra Chile. Quienes se encontraban allí seguramente conservan en su memoria la imagen desencajada del expresidente Evo Morales después de la fatídica sentencia.

No era para menos: la ilusión, orquestada habilidosamente por él mismo para inflamar los corazones de la mayoría de los bolivianos de lograr el retorno al mar se desmoronó en los 70 minutos que duró la lectura del fallo. Cada párrafo fue como una puñalada en el alma nacional mientras las cámaras enfocaban una y otra vez al ahora expresidente, capturando su metamorfosis facial.

Durante el almuerzo previo a la sesión de la Corte, que se celebró para la nutrida delegación boliviana que viajó a los Países Bajos, Evo recibió, probablemente, un dato del posible resultado negativo. Un miembro del equipo legal internacional solicitó permiso para aproximarse sigilosamente a la cabecera de la mesa y le susurró algo al oído, cambiando la expresión jubilosa que Evo había mostrado hasta ese momento ante la presencia de compatriotas que se habían congregado en el lujoso hotel donde él y su comitiva se hospedaban.

Minutos después, Morales Ayma se levantó antes de que los demás comensales terminaran el postre y se retiró a su suite. Cuando caminaba, y como si fuera un anuncio agorero, las puertas de vidrio del lobby se cerraron de golpe frente a él, deteniéndolo por un breve momento mientras su equipo de seguridad observaba nerviosamente a su alrededor. No pasó nada grave, solo una activación accidental del sistema de seguridad que mantuvo a la comitiva detenida por unos instantes antes de continuar su camino; ¿era esa una señal?

¿Cómo se llegó a la CIJ?

¿Quién fue el autor o los instigadores que llevaron a Bolivia a utilizar el último recurso que ofrece el derecho internacional para resolver disputas? Tal vez solo lo descubramos cuando el excanciller David Choquehuanca lo revele en las páginas de sus memorias.

La estrategia se basó en la teoría de derecho internacional de que los actos unilaterales de los Estados generan obligaciones; como Chile había prometido en el pasado que haría una devolución territorial, entonces eso debía convertirse, según la defensa boliviana, en una obligatoriedad de negociar una salida soberana al mar. La idea, finalmente, fue rechazada.

La relación entre Bolivia y Chile siempre fue tensa debido a la irrenunciable demanda de Bolivia para resolver su encierro marítimo, forzado como resultado de la invasión y la guerra de 1879. Por ello, la agenda de los 13 puntos, negociada y acordada entre 2005 y 2006, apenas sobrevivió unos pocos años. En 2010, se fracturó el cristal de lo que parecía vislumbrar una relación transparente con ese país y, con ello, se desvaneció la esperanza de los gobernantes del MAS quienes pensaron que la afinidad política circunstancial con el gobierno de Michelle Bachelet sería la clave del éxito. Como los acuerdos tardaban en llegar, Morales decidió ir por la vía de la judicialización del caso. Con los resultados por todos conocidos.

La comparecencia

En aquel aciago 1 de octubre, bajo una luz mortecina del recinto, las miradas aturdidas y las órdenes contradictorias se multiplicaron tras el demoledor fallo. El entonces canciller Diego Pary solicitó una computadora portátil para redactar una declaración de Evo Morales, que no estaba en los planes. Afuera, en las gradas del Palacio de la Paz, la prensa internacional esperaba ansiosa la reacción boliviana.

Finalmente, Morales hizo su aparición. Comenzó su comparecencia denominando “informe” al fallo de la Corte y sostuvo que, evidentemente, no se mencionó la obligación de Chile de negociar un acuerdo; pero destacó el párrafo 176 del fallo, que insta a ambas partes a continuar el diálogo en un espíritu de buena vecindad. También recordó que Bolivia nunca renunciará a su retorno al Océano Pacífico.

Sin embargo, todo se quedó en retórica. Después de los eventos de 2019 y la pandemia de 2020, con el nuevo gobierno del presidente Luis Arce, las escasas esperanzas bolivianas de seguir trabajando en una agenda post La Haya hacia el retorno al Océano Pacífico se desvanecieron.

A lo largo de su administración, Arce dejó de mencionar el tema marítimo en sus discursos internacionales. Incluso, en su última aparición en Naciones Unidas en septiembre pasado, mantuvo silencio respecto al tema, como si aceptara el fallo de la CIJ como definitivo.

El fallo

Existe la hipótesis que la CIJ elevó en extremo los estándares de lo que podría entenderse como “actos unilaterales de los Estados que generan obligaciones”; era una teoría de derechos internacional relativamente nueva en la que Bolivia respaldó su demanda, y que no fue atendida por los jueces.

Los dos momentos históricos más importantes de negociación entre ambos países (1950 y 1975) no fueron considerados como suficientes por la Corte. En la parte final del párrafo 117 se lee: “las Notas intercambiadas entre Bolivia y Chile en junio de 1950 no contienen las mismas palabras ni reflejan una posición idéntica... Por lo tanto, el intercambio de Notas no puede considerarse un acuerdo internacional”.

Sobre la declaración tras el “Abrazo de Charaña” de 1975, la Corte dijo que solo se reafirmó “la necesidad de continuar con las negociaciones” y que no se hizo referencia a ninguna obligación de negociar. “Sobre la base de esta evidencia, no se puede inferir una obligación por parte de Chile de negociar a partir de la Declaración de Charaña”, dice el fallo.

Una mirada geopolítica

Es posible que a Bolivia le haya faltado hacer, previamente, un estudio internacional más profundo, que tuviera en cuenta el mundo y sus intereses geopolíticos más allá del entusiasmo preelectoral de Evo Morales. O tal vez se debió ir más allá de una conducción puramente jurídica y añadir mayor experiencia diplomática.

Procurar un análisis prospectivo que hubiera alertado a Bolivia sobre la posibilidad de que los jueces de la Corte, que por más rectos que fueran, tal vez no estuvieran dispuestos a emitir un fallo que alterara la arquitectura jurídica internacional de equilibrios, que se basan en tratados escritos, no verbales, habría sido ideal. Pero argumentar esa hipótesis hoy no tiene sentido.

La Cancillería hoy

Como broche final, nos encontramos con una Cancillería actual que parece no tener rumbo y un ministro de Relaciones Exteriores que no solo ha sepultado la carrera diplomática boliviana sino que persiste en el absurdo de priorizar afinidades ideológicas en todas las relaciones diplomáticas en lugar de construir una política exterior seria.

Sobre el mandato constitucional y el derecho irrenunciable de acceso al Océano Pacífico, de la cancillería no obtenemos nada de nada, hay incapacidad absoluta. Ha transcurrido un vergonzoso lustro de silencio con Chile y con el mundo respecto a nuestra política marítima, si aún existe.

Estos días, desde Santiago, el nuevo cónsul boliviano, el político José Pinelo, parece convencido que los avances en la relación bilateral deben limitarse a temas de Policía y Aduanas. La nueva agenda bilateral se ha reducido a combatir el delito transnacional.

Habrá que esperar que alguien, quizá fuera de Cancillería, sepa leer con serenidad las expresiones de la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de La Fuente, cuando sobre el reencuentro boliviano-chileno hace votos por profundizar en áreas de convergencia, “hacia entendimientos mayores”.

Es imperativo que el presidente Luis Arce considere detenidamente el estancamiento en el que se encuentra sumida la Cancillería y le dé un giro completo a su estructura; de lo contrario, continuaremos dando tumbos. El futuro de nuestras relaciones internacionales depende de decisiones certeras.

Javier Viscarra es periodista y diplomático.