|OPINIÓN| Vigencia, actualidad e importancia de la Ley de Imprenta |Por Hernán Cabrera|

Brújula Digital |29|09|23|

Sus 98 años de vigencia le dan la fortaleza y la enorme necesidad de preservarla y cumplirla. Es la Ley de Imprenta, promulgada el 19 de enero de 1925, la misma que siempre ha sido un fuerte dolor de cabeza en los gobernantes de todos los niveles de gobierno.

Más que un derecho para los trabajadores de la prensa es una obligación evitar cualquier perforación o atentado contra esta poderosa ley, a través de la cual el periodista puede informar, denunciar, orientar y fiscalizar en democracia o dictadura al poder y a quienes están cerca del poder. La Ley de Imprenta es una  garantía democrática para el trabajo de los periodistas, cuya misión es servir al pueblo apegado a la verdad.

En reiteradas oportunidades desde los gobernantes se pretende vulnerar este derecho de la prensa y para ello se prestan al juego los fiscales y jueces, que, con ignorancia y complicidad, quieren obligar a los periodistas a develar sus fuentes informativas, cuando éstos informan sobre un hecho de corrupción.

El caso de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera que pretende que la periodista Jimena Mercado, que realizó un reportaje sobre la explotación irracional del oro en el área amazónica de Bolivia, indique los nombres que le proporcionaron información importante. Viene presionando con la justicia para que se vulnere la Ley de Imprenta y con ello el secreto en materia de imprenta.

Este caso como muchos otros debe movilizar a las organizaciones sindicales, profesionales y empresariales de la prensa boliviana en repudio a estas intenciones destructoras a la institucionalidad del periodismo, porque de lo que se pretende es generar mecanismos de censura y de autocensura, situaciones que no se pueden admitir bajo ninguna circunstancia.

¿Por qué es importante el secreto de materia de imprenta para el ejercicio del periodismo?

Para investigar al poder y a sus representantes en el ejercicio de sus funciones públicas, en casos comprometidos con la ilegalidad, la corrupción, los nexos ilícitos con el contrabando, narcotráfico o especuladores.

Para denunciar, previa comprobación de los elementos, a todo funcionario público que cometa actos dolosos y de corrupción.

Para preservar los recursos naturales de la Madre Tierra, que vienen siendo destruyendo a nombre del desarrollo, cuyos contratos se mantienen en secreto, como el de la explotación del oro en Madidi y otras regiones.

Para coadyuvar al buen ejercicio de la función pública del Presidente, vicepresidente, ministros, parlamentarios, jueces, fiscales, policías, gobernadores, alcaldes y concejales.

Para cualificar el nivel del periodismo en Bolivia, que debe retomar la ruta de investigar al poder.

Para dar garantías al periodista que investiga, que indaga, que compruebe las denuncias y las pueda difundir, sin sufrir procesos ni cárceles ni multas.

Para garantizar al ciudadano su derecho a la información, a la opinión y a que conozca el destino de los recursos económicos del Estado.

Para los que ejercen el poder no mientan al pueblo, ni engañen con discursos demagógicos y acciones totalitarias.

Para que la justicia sea un derecho humano y no una guillotina de venganza o de odio.

Para que no exista impunidad en ninguna esfera del poder.

Para fortalecer la democracia y el ejercicio de los derechos humanos en el Estado Plurinacional.

Esta es la fortaleza del secreto profesional en prensa.