Ministro censurado debe dejar el cargo al menos 1 año; avanzan acuerdos para ley de interpelaciones

Brújula Digital |08|09|23|

La comisión técnica y jurídica del Legislativo que analiza el proyecto de ley de interpelaciones avanza en acuerdos. Una propuesta que cobra fuerza es que el ministro censurado no pueda ser ratificado en el cargo por al menos un año, informó el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, quien destacó un avance de un 95% en el trabajo.

“La propuesta es que, primero, las interpelaciones tienen un efecto inmediato en el caso de que la censura sea efectivizada por dos tercios de los asambleístas presentes. La censura conlleva la destitución inmediata del ministro censurado y éste no puede ser ratificado en el mismo cargo durante un año, después, el Presidente tiene la posibilidad de volver a posesionar al ministro censurado y destituido en el mismo cargo”, explicó Urquidi.

En criterio del legislador de CC, la comisión ya avanzó en la redacción del proyecto de ley en un 95% desde el miércoles, por lo que consideró que resta ajustar algunos temas.

La misma posición fue expresada por el asambleísta Leonardo Ayala, representante de la alianza Creemos, quien indicó que aún se trabaja en “acomodar” el proyecto de ley a algunos puntos que restan consensuar.

La propuesta de regular las interpelaciones y los efectos de la censura se dio luego de que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue censurado a fines de junio por la Asamblea Legislativa, pero esa autoridad fue ratificada por el presidente Luis Arce en el mismo cargo, a las pocas horas de ser destituida.

A raíz de esa situación, legisladores del MAS, del ala evista, y de las alianzas de oposición presentaron al menos cinco proyectos de ley para regular los efectos de las interpelaciones y la censura de ministros por parte de la Asamblea.

Con el fin de avanzar en la redacción de un solo proyecto de ley de interpelaciones, el martes de esta semana, los jefes de bancada de los tres partidos con representación parlamentaria acordaron crear una comisión técnica y jurídica que realice la redacción.

BD/JJC