Evistas dicen que arcistas no quieren elecciones judiciales; ven innecesarias las consultas

Brújula Digital |07|09|23|

Asambleístas del ala evista del MAS advierten que sus colegas arcistas no quieren que haya elecciones judiciales, motivo por el que buscan “obstaculizar” el tratamiento del proyecto de ley para esos comicios con el envío de consultas a seis instancias de los órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral.

El proyecto de ley para las elecciones judiciales fue aprobado el jueves de la semana pasada por el Senado y luego remitido a la Cámara de Diputados para que lo sancione.

No obstante, el proyecto de ley fue remitido a la Comisión de Constitución de la Cámara Baja para lo considere y emita su informe. Esta instancia camaral empezó a tratar el documento ayer.

En su tratamiento, la citada comisión, con el voto preponderante de diputados del MAS, rechazó dispensar trámite para acelerar su aprobación y, por el contrario, emitió consultas a los ministerios de Economía, Planificación y Justicia, además del Tribunal Supremo Justicia, Consejo de la Magistratura y al Tribunal Supremo Electoral, para que se pronuncien en el plazo máximo de 10 días sobre el contenido del proyecto de ley.

“Aquí (los magistrados) tienen un padrino, que es Arce Cartacora, el Presidente está buscando dilatar y engañar al pueblo, anulando unas elecciones judiciales que no quieren. El Ejecutivo quiere un Órgano Judicial postrado, sabemos que los magistrados tienen a sus familiares trabajando en el Ejecutivo”, declaró el diputado Renán Cabezas, del ala evista.

En criterio de Cabezas, quien junto a otros 19 asambleístas evistas instaló ayer una huelga de hambre para pedir celeridad en la aprobación del proyecto de ley de elecciones judiciales, el gobierno de Arce busca una “hegemonía del poder”, subordinar a los otros órganos para que no haya ningún proceso en su contra. “Estamos en momento oscuro de Bolivia”, sostuvo.

Los asambleístas que cumplen una huelga de hambre consideraron “innecesarias” las consultas hechas por la Comisión de Constitución y señalaron que esa acción busca “obstaculizar” el tratamiento del documento.

BD/JJC