Política | 22/07/2023

Acusado de violencia contra su pareja, piden la renuncia del presidente de la Asamblea Departamental de La Paz

“Por ética los pegadores de mujeres deberían renunciar y el señor presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz debería dar un paso al costado” señaló de la Cruz quien indicó hará seguimiento al proceso penal.

Roberto de la Cruz. Foto/DTV

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Brújula Digital |22|07|23|

El jurista y activista social de El Alto, Roberto de la Cruz, cuestionó que una autoridad como el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, Wilfredo Chinche, tenga antecedentes de violencia contra su expareja, por lo que pidió su renuncia. 

“Por ética los pegadores de mujeres deberían renunciar y el señor presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz debería dar un paso al costado” señaló De la Cruz a los medios, a tiempo de indicar que hará seguimiento al proceso penal. 

La víctima, Silvia Luna Valencia, realizó su denuncia formal el 9 de septiembre de 2022. 

Ante la demora del proceso, De la Cruz pidió a jueces dar celeridad en el caso: “cuestiono, critico, pido y exijo a las autoridades del Ministerio Público y a los jueces dar celeridad con relación a este tema hasta que se pueda establecer responsabilidad penal, porque los pegadores de mujeres, los violentos contra las mujeres tienen que estar en la cárcel, no pueden seguir manteniéndose en sus curules como si no hubiera pasado nada”.

De acuerdo con los antecedentes, la víctima presentó un certificado médico forense de violencia física el 5 de agosto de 2021, realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) donde le dieron seis días de impedimento. 

El 25 de julio de 2022 la víctima pidió medidas de protección en un documento en el que incluyó una declaración testifical sobre agresiones cometidas por Wilfredo Chinche el 6 de agosto de 2022.

La Fiscalía de El Alto estableció el pasado 10 de julio ampliar por 30 días las investigaciones contra el asambleísta.

En el memorial la Fiscalía expone que “el Ministerio Público tendrá la responsabilidad y atribuciones de obtener la prueba documental, física e instrumental, significativos, interpretativos, científicos, técnicos y necesarios para el esclarecimiento y la responsabilidad del imputado”.

BD/AGT



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