OPINIÓN| “La tierra prometida”

40 años y más, pasaron desde que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, afiliada a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), fue creada por el Padre Julio Tumiri para defender los derechos humanos y denunciar las violaciones de los mismos. Desde su creación, en tiempos de dictadura, interpela a los diferentes gobiernos de turno defendiendo la democracia y el ejercicio de las libertades fundamentales.

40 días y noches de vigilia y resistencia, transcurrieron desde la toma violenta de la Casa de los Derechos Humanos, el 2 de junio pasado, a la cabeza de Edgar Salazar quien, ilegal e ilegítimamente, se atribuye la representación de la organización y goza de la protección del gobierno del Movimiento Al Socialismo.

40 días de denuncias públicas, de gestiones inútiles ante el Estado, de desamparo, indefensión, injusticia y desprotección frente a grupos de choque, afines al MAS, agrediendo a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) Amparo Carvajal, a periodistas y a personas defensoras de derechos con total impunidad y bajo el resguardo de la policía nacional, al compás de inaceptables y denigrantes amenazas: “amparo fascista, tu tumba ya está lista”

Cuarenta años de peregrinaje por el desierto habían llevado a Israel a la cumbre de un monte desde el cual se veía la tierra prometida. Para Amparo Carvajal, su largo peregrinaje de 40 días de vigilia en busca de justicia, la llevo a subir por una escalera a exigir, una vez más, la devolución de la Casa de los Derechos Humanos, símbolo del derecho a defender derechos, sin ningún color político.

A causa de su rebeldía, su peregrinación clamando una respuesta urgente y racional de quienes detentan el poder, muestra la grandeza de su dignidad humana en este desierto que es un lugar desolado, donde no hay nada, solo el desconcierto de la sociedad ante tanta arbitrariedad, atropello y abuso de poder.

La exigencia pacífica de garantizar que la APDHB recobre de inmediato su institucionalidad, desalojando a quienes tomaron la APDHB de forma violenta, asegurando la protección de la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de Amparo Carvajal y de todos los defensores y defensoras de los derechos humanos, y el normal desarrollo de su labor, ponen a prueba la responsabilidad y solvencia del Estado boliviano.

Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)