Fiscalía de Chuquisaca cierra el caso ABC, el Gobierno deslinda responsabilidades

Brújula Digital |03|07|23|

La Fiscalía Departamental de Chuquisaca cerró el “caso ABC”, denunciado por el presunto pago de una coima de 19 millones de bolivianos para la adjudicación de la vía caminera Sucre – Yamparáez, según informó este lunes el abogado Frank Campero.

El 22 de mayo de este año, se conoció que la comisión de tres fiscales que investigaba el presunto pago de una coima de unos 19 millones de bolivianos, por parte de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), para la adjudicación de la citada obra, absolvió de culpa a las 12 personas que eran investigadas, debido a que consideró que el primer pago de 9 millones de bolivianos que se hizo era un “adelanto”, no una coima.

Campero, abogado de uno de los investigados, informó que esa determinación fue ratificada por la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, luego de que la primera resolución de la comisión de fiscales fue apelada por el Viceministerio de Transparencia y por los denunciantes.

“Esto quiere decir que ya se ha cerrado el caso, de manera expresa, clara y consistente. La Fiscalía Departamental de Chuquisaca lo que hace, es cerrar este proceso de la ABC sobreseyendo y, además, liberando de toda pena y culpa a los que, en su momento, fueron imputados. Bajo ese contexto, este proceso quedaría en el archivo correspondiente”, declaró Campero.

La resolución del Ministerio Público, del 30 de junio, resuelve ratificar el sobreseimiento de los imputados y la conclusión del proceso, por lo que debe “procederse a la cesación de toda medida cautelar dispuesta en su contra, así como la cancelación de sus antecedentes penales respecto a la presente causa”.

También destacó que entre las personas que fueron sobreseídas se encuentran Christian Rolín Mendieta Cordero, Juan Carlos Hidalgo Chura, Jesús Esteban Aguilar, Carlos Rafael Chipana Vargas, William Ramiro Mamani Lazo, María Isabel Galleguillos Arce y Hernán Palacios Márquez, entre otros.

Al respecto, la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, afirmó que, como Gobierno, cumplieron con la presentación de todas las acciones legales que correspondían, en el marco de la Constitución Política del Estado.

“En el marco de nuestras competencias, hemos hecho todo lo que ha sido posible, incluso la impugnación hemos presentado oportunamente, se ha evaluado, se ha establecido los puntos en los que no estamos de acuerdo, pero ya esa es una competencia del Ministerio Público y eso está enmarcado dentro de la normativa”, sostuvo Ríos.

Cuando se le pidió una explicación sobre la determinación de la Fiscalía, Ríos señaló que debe ser el Ministerio Público el que explique. “Son ellos los que tienen que explicar, nosotros, en el marco de nuestras competencias, hemos presentado todas las acciones que ha correspondido”, afirmó.

Por su lado, el diputado Gualberto Arispe, del ala radical o “evista” del MAS, dijo que esta determinación “es una pena” y que ve con preocupación esta “manipulación” y “presión” del Ministerio de Justicia sobre la Fiscalía.

BD/JJC