Diplomáticos de carrera acusan a Mayta ante la CIDH y exigen siete millones de dólares en indemnización

Brújula Digital |03|07|23|

Más de 100 diplomáticos de carrera que fueron despedidos hace dos años decidieron acusar al canciller Rogelio Mayta y a los magistrados del Tribunal Constitucional ante la CIDH y demandar siete millones de dólares en indemnización.

Los representantes de los funcionarios despedidos presentaron esta mañana un comunicado en el que señalan las razones de su demanda internacional, señalando que agotaron todos los pasos judiciales que podían dar en Bolivia.

“Hace más de dos años, el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta despidió a casi el 100% de los diplomáticos de carrera del servicio diplomático boliviano, sin ningún proceso legal como exige la Ley 465 y, más adelante, cubrió su ilegal acción con el argumento de que en Bolivia no existe una carrera diplomática”.

Después de más de dos años y tras agotar la vía jurídica interna, los diplomáticos de carrera presentaron hace unas horas una demanda ante la Comisión IDH, identificando al Canciller Rogelio Mayta y a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional como los autores de la violación de mandatos de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de la que Bolivia es parte.

“Aquella acción de discriminación política y animadversión a los diplomáticos profesionales tenía como objetivo reemplazarlos por militantes políticos de su partido, sin competencia profesional, formación especializada y menos experiencia para representar los intereses permanentes del Estado boliviano”, afirma el comunicado, leído por el periodista y diplomático Javier Viscarra.

Habiéndose agotado la vía judicial en Bolivia, agregan, y ante la injerencia del gobierno en la justicia -un hecho habitual en Bolivia en los últimos años-, “los diplomáticos de carrera afectados, al no encontrar justicia en el país y por la ausencia de garantías del debido proceso, han procedido a presentar esta demanda internacional”.

Viscarra dijo a Brújula Digital que los afectados, desde el momento de su despido, no han podido hallar trabajo en entidades estatales ni organismos especializados porque han sido colocados en “listas negras” que redacta el Estado.

La demanda asciende a más de siete millones de dólares, dijo Viscarra, y se refieren sobre todo a salarios no cobrados debido a la destitución ilegal que sufrieron los afectados. La acusación tiene como responsables al canciller Mayta, al director general de Asuntos Administrativos de la Cancillería, Fernando Magnani, y los magistrados René Espada y Gonzalo Hurtado.

BD / RPU