Se cumple un año de las ejecuciones en Porongo sin sentencia y con denuncias de protección al narcotráfico

Brújula Digital |21|06|2023|

El 21 de junio de 2022, los sargentos Eustaquio Olano y Alfonso Chávez, junto con el voluntario del GACIP José Candia, fueron brutalmente asesinados en una carretera cerca del municipio de Porongo, en Santa Cruz. A pesar de haber pasado un año, aún no se ha dictado ninguna sentencia en el caso, lo que ha llevado a que las denuncias de protección al narcotráfico cobren más fuerza.

Misael Nallar, yerno del narcotraficante extraditado Einar Lima Lobo, es considerado el principal sospechoso y actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Chonchocoro en La Paz. Aunque está acusado de asesinato, aún no ha sido formalizado por cargos relacionados con narcotráfico.

La Fiscalía presentó formalmente la acusación el 5 de junio, solicitando una condena de 30 años de prisión para Nallar. Sin embargo, durante la investigación surgieron denuncias y señales de protección al narcotráfico por parte de personas cercanas al proceso.

Junto a Nallar, su hermano Widen y otro ciudadano llamado Jassir Góngora también fueron acusados formalmente y se encuentran detenidos, aunque en la prisión de Palmasola. El cuarto acusado, Edgar Dorado, apodado "el Jefe", se encuentra prófugo desde el día del triple asesinato en Porongo.

Uno de los aspectos destacados es que el hermano de Nallar está acusado de proporcionar las armas utilizadas en el asesinato de los tres policías en Porongo y ha estado detenido desde agosto.

Durante las investigaciones, tres personas, incluyendo al mayor de Policía Álvaro Muñoz, al abogado Rodrigo Gonzáles Arrázola y al ciudadano colombiano Esteban Beltrán Muñoz, fueron sobreseídas. Según el expediente de investigación, estuvieron presentes durante el crimen.

Según los testimonios de los testigos sobre los hechos ocurridos el 21 de junio de 2022, antes de los asesinatos, Nallar estaba compartiendo bebidas alcohólicas con sus allegados después de una carrera de vehículos "teryx" en una cabaña improvisada cerca de la ruta en la zona de Urubó.

En ese lugar, los policías habrían interceptado a Nallar y sus acompañantes, lo que habría provocado una confrontación en la que se produjeron golpes. Los policías habrían utilizado gas pimienta antes de huir del lugar debido a la violencia.

Los testimonios indican que después del altercado y las amenazas de Nallar, los policías huyeron, pero la camioneta patrullera sufrió desperfectos mecánicos en medio del cruce de un río.

El sargento Alfonso Chávez llamó a un mecánico, quien llegó acompañado por dos personas, una de ellas era David Candia, el voluntario del GACIP.

Mientras se reparaba el vehículo, Chávez relató que logró grabar a los agresores con su celular. Después de solucionar el problema del vehículo, el mecánico se marchó. Durante el trayecto, se observó cómo dos vehículos se dirigían hacia la patrulla.

Minutos después, un subteniente en una motocicleta llegó al lugar y declaró haber presenciado cómo personas con chalecos antibalas y armas largas descendieron de ambos vehículos. El oficial huyó por temor a correr la misma suerte.

El hecho ocurrió entre las 15:00 y las 16:00 horas de ese día. Según el informe forense, las víctimas fueron golpeadas brutalmente antes de ser obligadas a arrodillarse y ser ejecutadas a tiros por la espalda y la nuca.

A pesar de que la Fiscalía no ha realizado grandes avances en sus investigaciones, el fiscal departamental de Santa Cruz, RógerMariaca, defiende el trabajo de sus investigadores y asegura contar con elementos de prueba para demostrar que Nallar y sus acompañantes son los responsables del asesinato de los tres agentes.

Además, la Fiscalía presentó la acusación formal contra Nallar poco después de que los familiares de las víctimas decidieran retirar la acusación contra los presuntos asesinos.

Aunque el principal sospechoso no pudo demostrar la legalidad de sus posesiones, como haciendas, vehículos "teryx" y 27 automóviles de lujo, la Fiscalía no lo acusó de narcotráfico.

Durante las investigaciones también se descubrió que Nallar había tenido contactos y negocios con Reina Mercedes Duarte, conocida como "Merchi", quien se señala como la principal testaferra del clan de narcotraficantes "Insfrán" en Paraguay.

La abogada de uno de los familiares de las víctimas de Porongo también denunció que le ofrecieron dinero para que abandonara el proceso y el expresidente Evo Morales afirmó que los familiares habrían recibido hasta $us 50,000 para retirar el caso contra Nallar.

BD / RED