Política | 19/06/2023

Periodistas deploran inacción estatal ante escalada de violencia

"Denunciamos que, aunque algunos registros de prensa identifican claramente a los autores de los ataques que a punta de dinamitas y pedradas pusieron en riesgo la integridad física y la vida de periodistas y funcionarios municipales, no se han iniciado las acciones", señala el pronunciamiento.

Cerro San Pedro en el departamento de Oruro. Foto: Erbol

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Brújula Digital |19|06|23|

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Oruro (APO) deploramos la inacción estatal ante los graves ataques contra periodistas cometidos por cooperativistas mineros en el cerro San Pedro del municipio de Oruro.

Denunciamos que, aunque algunos registros de prensa identifican claramente a los autores de los ataques que a punta de dinamitas y pedradas pusieron en riesgo la integridad física y la vida de periodistas y funcionarios municipales, no se han iniciado las acciones correspondientes para sancionar a los responsables.

Tampoco se ha procedido a la devolución de los equipos de trabajo incautados a los periodistas Jorge Huanca y Armando Montecinos que resultaron los más afectados por el virulento ataque de trabajadores de la Cooperativa Minera No Metálica La Luminosa.

El hecho ocurrió a una semana de la emboscada seguida de graves agresiones físicas contra periodistas en la región fronteriza de Guayaramerín, cuando realizaban la cobertura del control rutinario contra el contrabando de combustibles.

Lamentamos que la inacción de las autoridades llamadas a garantizar el trabajo periodístico derive en una protección de facto de grupos violentos y denunciamos que la impunidad naturaliza la violencia, vulnera de manera sistemática la libertad de prensa y restringe el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.

Recordamos que la seguridad de los y las periodistas es una obligación estatal y que la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de los responsables constituye una violación adicional a los derechos de protección, reparación y justicia.

BD



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