Arce presenta proyecto de ley anticorrupción; empresas podrán renunciar al secreto bancario

Brújula Digital |19|06|23|

Tras enfrentar denuncias de coimas millonarias en entidades estatales, el presidente Luis Arce entregó este lunes el anteproyecto de Ley de Creación de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha Contra la Corrupción, norma que busca dejar abierta la posibilidad de que empresas contratadas por el Estado renuncien al secreto bancario, en el marco de la transparencia.

Arce presentó el borrador de norma en un acto público desarrollado en la Casa Grande del Pueblo, en el que participaron el vicepresidente David Choquehuanca y el ministro de Justicia, Iván Lima. El documento fue enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y aprobación.

Entre las principales propuestas de este borrador de ley se encuentran la renuncia voluntaria al secreto bancario, por parte de empresas que sean contratadas por instituciones estatales, y un control integrado de las declaraciones anuales de bienes y rentas por parte de funcionarios públicos.

El Presidente y el Ministro de Justicia destacaron que, en el marco de la transparencia, las empresas contratadas por el Estado podrán renunciar voluntariamente al secreto bancario, para que habiliten una cuenta específica en la que las entidades estatales depositen el dinero de la obra o servicio y, a su vez, puedan hacer un control del destino que tenga ese dinero.

Arce informó que el Estado publicará periódicamente una lista de empresas que se sumen a este sistema de transparencia y de las que lo rechacen, las mismas que tendrán garantizadas el secreto bancario, en el marco de los derechos constitucionales vigentes.

La viceministra de transparencia, Susana Ríos, destacó que las empresas que renuncien al secreto bancario para estas cuentas, podrán ingresar al “listado de integridad”, que resalta la imagen empresarial por su transparencia.

Lima, por su lado, sostuvo que con este proyecto de ley se busca un mayor control sobre las declaraciones juradas de bienes por parte de funcionarios públicos. Advirtió que los empleados que incumplan con esta obligación anual, serán pasibles a sanciones más drásticas y procesos abreviados.

Ríos acotó que el control de estas declaraciones juradas anuales de funcionarios será integrado, ya que habrá un intercambio de información con datos de Derechos Reales, para bienes inmuebles, y de propiedad de vehículos, entre otros.

Entre el año pasado y este año, el gobierno de Arce enfrentó dos denuncias de cobros millonarios de coimas para la adjudicación de obras. Uno en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y otra en el Ministro de Agua.

BD/JJC