Tras 20 años en el exilio, Goni rompe el silencio: “(Tengo) una abrumadora nostalgia por la Patria lejana”

Brújula Digital |18|06|23|

Raúl Peñaranda U.

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada emitió un comunicado en el que propuso al país la adopción de una Constitución Política del Estado de corte parlamentarista, que reduzca el poder a las máximas autoridades, al tiempo de señalar que siente una “abrumadora nostalgia por la Patria lejana”, según un documento obtenido por Brújula Digital

En el documento, Goni señala que está a punto de cumplir 93 años y que “la edad vino acompañada, como por suerte ocurre, con una mayor dosis de serenidad”, según un texto publicado originalmente por El Deber. Sánchez de Lozada vive en Washington, EEUU, desde su renuncia en 2003.

“Este año 2023, con la gracia de Dios, habré cumplido 93 años de edad, 19 de ellos, junto a mi familia, en el exilio. Una larga y amarga travesía. La edad vino acompañada, como por suerte ocurre, con una mayor dosis de serenidad y espero que con un poco más de sabiduría; el exilio, con la abrumadora nostalgia de la Patria lejana”, dijo el expresidente, que fue forzado a renunciar en octubre de 2003 en medio de la denominada Guerra del Gas.

Excepto una aparición en un documental realizado en EEUU, Sánchez de Lozada desapareció por completo de la vida pública boliviana y nunca aceptó dar entrevistas o hacer declaraciones.

“Guardé silencio porque sólo se debe hablar si las palabras son mejores que el silencio. Tal vez éste no sea el caso, pero creo sinceramente que ha llegado el momento de decir algunas palabras, fruto de largas reflexiones acerca de Bolivia y su destino”, dijo el exmandatario según ese documento.

Sánchez de Lozada gobernó dos veces el país, la primera entre 1993 y 1997, ejecutando reformas sociales y económicas importantes, una de ellas la de la municipalización, que se denominó “participación popular”. Otras reformas fueron menos exitosas, como la privatización de las empresas públicas, que se presentó con el apelativo de “capitalización”.

En la segunda ocasión, ante una fuerte resistencia popular, fue electo en 2002, pero fue forzado a renunciar el 17 de octubre de 2003, sobre todo como un rechazo a las acciones represoras asumidas por su ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, exiliado en Miami desde esos sucesos.

Su figura fue y sigue siendo polémica, dividiendo a sectores que respaldan las medidas liberales que asumió, como a los que lo rechazan por la represión de 2003, que mató a unas 60 personas.

En 1985, como ministro de Planeamiento, Sánchez de Lozada ejecuto el DS 21060, que estabilizó la economía tras la debacle vivida durantre la UDP.

En 2018, un jurado civil de Florida, Estados Unidos, lo halló responsable de asesinatos y uso excesivo de la fuerza por la manera cómo se enfrentó a las protestas de 2003. Sin embargo, un juez luego revirtió esa decisión y lo declaró inocente, un fallo que también favoreció a Sánchez Berzaín.

En el documento se lee que Sánchez de Lozada propone una CPE parlamentarista, que incluya la figura de un Presidente con poderes limitados, y que resida en Sucre, y un Primer Ministro que esté a la cabeza del gobierno. También descarta la elección por voto de los gobernadores y no aparece la figura del Tribunal Constitucional y favorece una economía de tipo liberal.

Estas propuestas sin duda generarán interés en los círculos políticos bolivianos, pero serán de difícil adopción en el país, en el que las dos corrientes del MAS, que siguen dominando la política nacional, abrazan ideas estatistas, nacionalistas y creen en un presidente que concentre mucho poder.

Estas ideas las ha analizado Sánchez de Lozada por mucho tiempo. Durante su primer gobierno señaló en varias oportunidades que se debía discutir la concentración de poder que tiene el presidente. En una ocasión hizo notar que él era jefe de Estado, de Gobierno y del partido oficialista. “Esta manera de concentra el poder no es adecuada”, dijo en 1994.

Tampoco respaldó en sus dos gestiones la descentralización del poder en los departamentos, aunque sí era un convencido de la municipalización, que ayudó desde mediados de la década del 90 a articular el país e incorporar a muchas zonas alejadas a la toma de decisiones. Algunos analistas consideran que la llegada del MAS al poder se vio favorecida por esta reforma, que le dijo autonomía administrativa a los municipios, tanto rurales como urbanos.

“El aporte de un proyecto de Constitución para Bolivia no es original”, dice Sánchez de Lozada en su documento. “En el pasado, muchos han propuesto cosas parecidas. La peculiaridad del presente, entre otros aspectos, es que señala claramente y paso a paso los mecanismos para proteger la estabilidad política y evitar que la lucha por el poder se desarrolle al margen de la democracia y sus instituciones”.

El exmandatario señaló que, aunque “pueda parecer desatinada” la propuesta de cambiar la institucionalidad del país”, el planteamiento va en favor de “la defensa de la libertad y la democracia del asedio del autoritarismo”. Sostuvo que su plan responde no solo a “una necesidad política, sino también un imperativo moral”.

Agrega que: “Hace ya mucho tiempo que la humanidad, por lo menos en su ámbito más avanzado, ha dejado de lado la traición, el puñal y el veneno como formas de dirimir esa lucha. Es hora de que Bolivia haga lo mismo. Ese sería un gran logro en un país en el que, con demasiada frecuencia, han surgido y prosperado opciones antidemocráticas de todo tipo”, explicó el exmandatario.

Así se repone el Poder Judicial bajo la Corte Suprema de Justicia. “El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Distrito, los tribunales y jueces de instancia, y los demás tribunales, juzgados y organismos de mediación y arbitraje que establece la ley”, señala la propuesta del expresidente.

Para dar viabilidad a esa “independencia”, se establece desde la Constitución la asignación de un presupuesto “no menor al 3% de los ingresos del Tesoro General de la Nación”, es decir seis veces más de lo que ocurre en la actualidad, cuando la Justicia tiene alrededor del 0,5% del total del presupuesto. 

BD / RPU