Política | 10/06/2023

Defensoría se refiere a la toma de la APDHB por afines al MAS como “vigilia”

Cuatro entidades del Estado allanaron la toma de la APDHB, presidida por la legendaria defensora de DDHH, Amparo Carvajal, quien cumple una vigilia en la calle, poniendo en riesgo su propia vida.

Presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal de 84 años en vigilia. Foto: RRSS

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Brújula Digital |10|06|23|

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, elegido por el oficialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), se refiere a la toma del edificio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) protagonizado por un grupo de afín al partido de Gobierno, MAS; liderado por Édgar Salazar, como si se tratase de una “vigilia” y la pone en la misma condición que la vigilia que cumplen a las afueras del inmueble la presidenta legal de la Asamblea, Amparo Carvajal y otros defensores.

“Existen dos vigilias en predios de la APDHB: una al interior que representa al grupo de Edgar Salazar, quienes sufrieron el corte de servicios básicos desde el miércoles, mientras que el grupo de Amparo Carvajal, permanece en la puerta trasera del inmueble, en la calle Juan José Pérez”, señala el boletín de prensa de la Defensoría del Pueblo.

La entidad que no tomó parte a favor de la legitimidad y la legalidad de la APDHB presidida por la legendaria Carvajal, señala que “ambos sectores sostienen un conflicto por la dirección de la APDHB y se atribuyen la representación legítima de la organización, así como la administración de sus bienes”, desconociendo de esta forma la historia de la fundación de la institución defensora de DDHH en el país y la lucha en tiempos de dictadura a cargo de la presidenta.

Tratando en igualdad de condiciones, Callisaya exhortó a ambos grupos a “resolver este conflicto de acuerdo a sus estatutos internos y en el marco de la concertación”. Ya van ocho días desde que el grupo violento afín al Gobierno tomó las instalaciones de la APDHB.

Cuatro entidades del Estado allanaron la toma

Desde el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), pasando por los ministerios de Gobierno y el de Justicia, además de la Policía, al menos cuatro entidades del Estado facilitaron la toma del edificio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), protagonizada por la asamblea paralela afín al partido de Gobierno, Movimiento Al Socialismo (MAS).

Pasaron cuatro días desde que un grupo de afines al partido gobernante a la cabeza de Edgar Salazar, ingresara APDHB y desalojara a sus ocupantes a vista y paciencia de la Policía que llegó hasta el lugar a resguardar a los avasalladores, en lugar de desalojar el edificio de quienes se hicieron de las instalaciones a la fuerza.

En octubre de 2022 ya se conoció del compromiso que asumió el viceministerio de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico quien ofreció mediante una carta que por error llegó a manos de la presidenta legítima de la APDHB, Amparo Carvajal, de “sanear” junto con el Ministerio de Justicia, el edificio de la APDHB.

Entonces Torrico le escribió a Salazar, “Al respecto, debo informar de acuerdo a la reunión sostenida en fecha pasada, se tomará las acciones necesarias para sanear el bien en cuestión, mismas que están en patrocinio del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional”.

Aquella respuesta que Torrico dio a Salazar, se dio en atención al afín al Gobierno, quien solicitó “la recuperación de las instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, ubicadas en la Av. 6 de agosto”.

Entonces, Carvajal hizo llegar su denuncia de manera escrita al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, elegido con los votos del MAS en la Asamblea Legislativa, quien sin embargo asumió un rol neutral, sin hacer prevalecer los derechos de la APDHB legítima y legal a cargo de la legendaria luchadora social.

“Es evidente que la injerencia arbitraria del Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental a través de su titular, (Gustavo Torrico), involucra también, al Ministerio de Justicia”, asevera la carta a Callisaya.

Dos meses antes, el 13 de agosto, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) anuló la representación legal a Amparo Carvajal sobre la APDHB y la entregó a Édgar Salazar, sin ningún proceso administrativo ni civil de por medio.

"Nos hemos llevado la sorpresa que ya no soy la representante legal de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. La gente joven de impuestos internos me atendió. Me dijeron que no tenemos el NIT y que le dieron a Édgar Salazar y pregunté con qué documentos, pero no me dieron una respuesta", denunció entonces la cofundadora de la APDHB, quien defendió la democracia durante las dictaduras militares.

En diciembre de 2021, organizaciones afines al Gobierno se autoconvocaron a un “congreso ordinario" impulsado por sectores afines al MAS en el que se eligió a Salazar como el nuevo presidente de la APDHB, tal como lo hizo el partido gobernante con otras organizaciones indígenas, campesinas y sindicales.

Sin embargo la estrategia gubernamental para anular la institucionalidad de la APDHB data del Gobierno de Evo Morales, cuando el extinto líder minero, Orlando Gutiérrez -alineado al MAS- intentó la toma las instalaciones de la Asamblea en febrero de 2017, bajo el argumento de que las organizaciones defensoras de la democracia no se sentían representadas por Carvajal.

El entonces secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia con guardatojos puesto en la cabeza junto a una treintena de mineros asalariados, fue hasta el edificio con la intención de hacerse del inmueble.

En tanto, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que “exhorta a miembros de la APDHB resolver sus diferencias por la vía del diálogo, en el marco del estatuto interno de esa institución”, posición que fue calificada de tibia según Comunidad Ciudadana, por no haber asumido una posición clara frente al probado avasallamiento.

BD



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