Fiscalía califica de "pacíficas" las protestas de 2019 tras la renuncia de Evo e imputa a Añez por genocidio

Brújula Digital |18|04|2023|

La Fiscalía asumió que las movilizaciones que se registraron en la zona Senkata de El Alto en noviembre de 2019, después de la renuncia de Evo Morales, fueron pacíficas e imputó a la expresidenta Jeanine Añez por genocidio y otros delitos.

También demandó a la exmandataria por la masacre de Sacaba.

"La denunciada Jeanine Añez Chávez, asumiendo el control sobre las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana, como capitana generala de las FFAA y con mando absoluto en el caso de la Policía Boliviana, en fecha 19 de noviembre de 2019, procedió a la represión de sectores sociales en la ciudad de El Alto en proximidad de la planta YPFB-Senkata, y personas civiles desarmadas, quienes ejercían su derecho a la protesta pacífica, por lo que se tiene demostrado el uso de fuerza innecesaria y desproporcional por parte de las fuerzas del orden, quienes realizaron operativos conjuntos militares policiales con estas finalidad, respaldados en el Decreto Supremo 4078", señala la parte conclusiva de la relación de los hechos en la imputación fiscal, citado por Página Siete.

La Fiscalía describió todo el movimiento militar y policial que se concentró en Senkata en noviembre de 2019, el plan de operaciones y las tareas que se tenían asignadas. También mencionó que los policías, en horas de la mañana de 19 de noviembre, gasificaron a los movilizados para despejar la vía en predios de la planta de YPFB, de esa forma salieron algunas cisternas con combustible a abastecer a la población.

Respecto a los movilizados, el Ministerio Público detalló que los mismos estaban provistos de “palos, piedras y petardos” y a causa de la salida de las cisternas, “incrementaron en su ‘intensidad’, por cuanto se dio la caída de muros perimetrales colindantes con la carretera La Paz-Oruro, correspondientes a la planta de YPFB, la quema de cuatro vehículos incautados (en desuso), asi como la sustracción de garrafas de GLP sin contenido”.

Sin embargo, los hechos ocurridos en noviembre de 2019 dan cuenta de otra versión. Las personas que protestaban en Senkata exigían el retorno de Morales a la silla presidencial cuando este se encontraba en México.

También exigían la renuncia de Jeanine Añez porque sería una autoridad "autonombrada" e ilegal.

Además organizaron bloqueos para evitar la salida de carburantes de la planta energética ubicada en la zona mientras la ciudad de La Paz sufría un desabastecimiento no sólo de gasolina sino también de alimentos.

Días antes, Morales había instruido a sus seguidores el cerco de ciudades para generar desabastecimiento de alimentos como una venganza por las movilizaciones ciudadanas que derivaron en su renuncia.

Sin embargo, la Fiscalía no indagó en el otro lado de los hechos e imputó a Añez por los delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves y pidió la detención preventiva por seis meses en la cárcel de Miraflores, donde se encuentra detenida.

La Fiscalía de Cochabamba también emitió una imputación formal contra la exmandataria por la masacre de Sacaba, ocurrida después de Senkata.

La imputación en este caso también es por los presuntos delitos de genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, entre otros.

"Los suscritos fiscales (...) imputan formalmente a: Jeanine Áñez Chávez por la comisión del delito de asesinato con relación a las 10 personas fallecidas, (...) y asesinato en grado de tentativa con relación a los 90 heridos, así como el delito de genocidio previsto en el artículo 138 del Código Penal, calificación provisional en calidad de autor de los hechos", se lee en la imputación formal presentada el 17 de abril, según difundió la agencia estatal ABI.

Según la versión de la Fiscalía, en noviembre de 2019 se "consolidó" una estructura de "poder organizado, orientada a ejercer una represión violenta, a sabiendas que esto generaría la muerte de personas y lesiones en otras".

"La ahora imputada Jeanine Áñez, como muestra explicita de ejercer esa represión violenta (uso de armamento y munición letal) contra determinados sectores de la población (comunidades interculturales del trópico de Cochabamba) previa coordinación con los ministros de Gobierno y Defensa, emite el Decreto Supremo 4078", señala la imputación.

La Fiscalía argumenta que la imputada en coordinación con sus entonces ministros Fernando López y Arturo Murillo coordinaron las operaciones conjuntas entre policías y militares para arremeter contra las movilizaciones ya anunciadas.

BD