Gobierno anuncia socialización del proyecto de ley 305 con organizaciones de periodistas

Brújula Digital |11|04|23|

Tras el rechazo general de organizaciones de periodistas al proyecto de ley 305, por considerar que se constituye en un atentado a la libertad de expresión, la viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón, anunció este martes que convocará a este sector para “socializar” esta propuesta de norma.

La Viceministra de Comunicación anunció que enviará las invitaciones respectivas para la “socialización” con asociaciones, federaciones, confederaciones y sindicatos de periodistas que hay en el país. Aseguró que de parte del Gobierno hay “amplitud” para reunirse con representantes de periodistas para analizar este tema.

La semana pasada se conoció que el gobierno del presidente Luis Arce envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley PL 305-2022-2023 que, en su parágrafo III del artículo 281 Septies, respecto a difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación, propone que "cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno".

El Mandatario planteó que la Asamblea incorpore este artículo al Código Penal con las siguientes características: "Será sancionada con pena privativa de libertad de tres (3) a siete (7) años la persona que por cualquier medio: a) difunda ideas basadas en la superioridad racial b) promueva y/o justifique el racismo o toda forma de discriminación, c) pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios, d) incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios".

Ante esa situación, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) se declararon en emergencia.

Zulema Alanes, presidenta de la ANPB, expresó el rechazo a ese proyecto de norma por considerar que se constituye en un intento de penalizar el periodismo, por lo que demandó la eliminación de ese artículo que vulnera la ley de imprenta.

Alanes aseguró que se sustentó jurídicamente y manifestó que esta iniciativa constituye un grave atentado a la libertad de expresión, que es un fundamente esencial de la democracia, debido a que no sólo afecta al periodismo, sino que afecta un derecho fundamental de la ciudadanía, como es la libertad de expresión.

Tomando en cuenta esa posición, en una entrevista con radio Panamericana, Alcón dijo que hace las gestiones respectivas para que en la reunión de socialización también participe la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde está radicado el proyecto, y el Viceministerio de Justicia, como proyectista.

BD/JJC