En 2022 Añez fue sentenciada y quedó cerca de juicio ordinario; ven que es una muestra del control de la Justicia

Brújula Digital |22|12|22|

Para la expresidenta Jeanine Añez este 2022 fue un año de golpes jurídicos. En junio fue sentenciada a 10 años de cárcel en el caso “golpe de Estado II” y en diciembre se ratificó un juicio ordinario en su contra por el caso EBA, lo que abrió las puertas para que sea procesada en esa vía en otras denuncias. El analista y abogado Andrés Gómez advirtió que esta es una muestra del control del Gobierno sobre la Justicia.

Añez, que fue privada de libertad desde marzo de 2021, fue hallada culpable de cometer los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el caso “golpe de Estado II”. Actualmente enfrenta los procesos denominados “golpe de Estado I”, por terrorismo y conspiración, cuyos delitos los habría cometido antes de ser presidenta; y Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), por la designación presuntamente irregular de una autoridad de esa empresa estatal cuando ya ocupaba el cargo de presidenta.

En el caso EBA, la defensa de Añez presentó un amparo constitucional para exigir que sea juzgada a través de un juicio de responsabilidades, porque era una decisión que tomó en el ejercicio de sus funciones, pero un juzgado y una sala constitucional se lo negaron con el argumento de que no fue “presidenta constitucional”. Ahora esta decisión pasó a revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que tendrá la última palabra.

Así, el caso EBA adquiere importancia porque si el TCP ratifica que corresponde un juicio ordinario, se deja abierta las puertas para que Añez sea juzgada en la vía ordinaria en otros cuatro casos que fueron demandados ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para un juicio de responsabilidades, pero que no prosperaron porque el MAS no tiene dos tercios de voto para autorizarlos.

Esas cuatro demandas de juicio de responsabilidades contra Añez fueron planteadas por un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), por las muertes en conflictos poselectorales de 2019 en Sacaba y Senkata, la ampliación del contrato de Fundempresa y por un decreto de supuesta amenaza a la libertad de expresión durante la pandemia del coronavirus en 2020.

“El Gobierno no está probando jurídicamente, no tiene evidencias de que su procedimiento es justo, es una muestra, más bien, de su poder, del control de la justicia, fiscales y jueces. Entonces gracias a ese control puede imponer una narrativa que no es real, una posverdad porque la expresidenta Jeanine Añez asumió la Presidencia constitucionalmente, lo reconoció el Tribunal Constitucional por una sentencia de enero de 2020”, afirmó Gómez.

El analista advirtió que como esos actos cumplidos por Añez, en calidad de presidenta, y el reconocimiento del TCP al mandato no fueron invalidados, el resultado es que hubo el gobierno constitucional de la expresidenta y que ahora hay un gobierno constitucional.

Gómez justificó esa afirmación porque la convocatoria a elecciones generales por parte de la expresidenta Añez permitió que haya ahora un gobierno constitucional. en ese sentido, advirtió que hubo una reconducción de la democracia.

Cuando la Justicia iba a dar su veredicto sobre el amparo constitucional de Añez en el caso EBA, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que esa decisión marcaría un “hito muy importante”, debido a que “esa será la palabra definitiva” para los posteriores procesos en contra de la exmandataria.

“Se tendrá que esperar lo que diga el Tribunal Constitucional, pero esa decisión va a marcar el camino del procesamiento de la señora Añez en un juicio de responsabilidades o en la vía ordinaria. Todos los procedimientos se reencauzan en la vía que defina la justicia constitucional, si es necesario se retirará las proposiciones acusatorias (de la Asamblea) o se tomará determinaciones por parte de las autoridades judiciales, por parte del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía”, acotó Lima.

Gómez resaltó que Lima “confesó” en una entrevista que como el MAS no tenía dos tercios de voto en la Asamblea Legislativa, para autorizar un juicio de responsabilidades en contra de Añez, se tomó la decisión de hacer el proceso por la vía ordinaria.

Por su lado, el abogado Luis Guillén, uno de los defensores de Añez, anunció que, tras el veredicto de la justicia, de llevar a juicio ordinario a la expresidenta en el caso EBA, acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de haber agotado todas las instancias internas en Bolivia para pedir que sea juzgada por una autoridad competente.

Al respecto, Gómez destacó la decisión de la defensa de llevar el caso de Añez ante un tribunal internacional. “Es el único lugar donde el MAS no puede lograr controlar a la justicia”, apuntó. Acotó que en estos casos los procedimientos y el fallo tardan, pero llegan.

Mientras se espera el fallo del TCP, el Ministerio de Justicia ya solicitó este diciembre a la Fiscalía General del Estado que se amplíe la denuncia por los casos Sacaba y Senkata en contra de la exmandataria, en la vía ordinaria.

El viceministro de Justicia, César Siles, detalló que esa solicitud fue radica en las fiscalías departamentales de La Paz y Cochabamba, las mismas que siguen el proceso ordinario por este caso en contra de exautoridades, entre ellas exjefes militares y policiales.

El proceso por Sacaba y Senkata fue abierto por la muerte de al menos 37 personas durante los conflictos poselectorales de 2019, cuando fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana reprimieron movilizaciones de sectores afines al MAS que rechazaban la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, luego de que éste fue acusado de promover un fraude electoral.

BD/JJC